Un nuevo modelo productivo para generar 25.000 empleos

Junto al cambio del modelo productivo se anuncian otras acciones en materia de empleo, como la puesta en marcha de un plan público municipal plurianual «dotado con 250 millones y que permita crear 15.000 empleos».En estos planes se pondría «freno a la contratación a tiempo parcial» y se subirían «de forma gradual los salarios a un mínimo de 1.080 euros en la legislatura», incrementando la subvención municipal por puesto «en un 35% con respecto a la financiación actual».

En materia laboral, tras recordar que en la región hay 80.500 autónomos, se propone la aprobación de una ley del trabajo autónomo y de emprendimiento y se anuncia la creación de una «línea de ayudas para la instalación y consolidación» de los negocios con hasta 8.000 euros para «sufragar los gastos de funcionamiento de la pequeña y la mediana empresa». Esta aportación se concedería «durante los tres primeros años de la actividad empresarial» y una vez que tenga aprobado «un plan de viabilidad».

Son una batería de medidas para la dinamización del empleo que no se acompañan con una concreción de cómo se sufragarían, aunque sí hay un apartado dedicado a medidas de financiación y política fiscal en el que se propone que se impulsará desde el Consejo de Política Fiscal y Financiera un debate «sobre las actuales normas y reglas fiscales y presupuestarias» para que se garantice «el blindaje constitucional, presupuestario y financiero de los derechos sociales» y la eliminación de «elementos más perjudiciales» como el techo y la regla que limitan el gasto.

Además hay otras propuestas como la reclamación de «las cuantías reales en materia de deuda histórica» que corresponden a Extremadura y el impulso de «la reforma del sistema de financiación autonómico» para asegurar principios como la «suficiencia en materia de servicios públicos como garantía de calidad» o la consecución de «recursos estables». También se anuncia una «reforma de los impuestos autonómicos, reforzando su progresividad y revisando aquellos beneficios y deducciones que favorecen las rentas más altas».

Del programa destaca la promesa de constitución de «una entidad financiera pública en Extremadura». Para ello se aprobaría una ley para su creación. El objeto de la misma es que se convierta en un instrumento «fundamental para dar servicio a sectores productivos estratégicos», citando «el impulso del cooperativismo, el apoyo a las pymes y autónomos y la financiación de proyectos institucionales que garanticen el empleo y recursos locales».

Entre las medidas en agricultura se propone la introducción por ley de «la obligación de un precio sostén que cubra los costes de producción» y la concesión «de créditos y anticipos» por parte de la banca pública extremeña «para la incorporación de jóvenes agricultores y posibilitar el relevo generacional». Además se enumeran otras medidas como el impulso de los bancos de tierra, una ley de compra pública alimentaria «que impulse la adquisición de alimentos producidos y transformados en Extremadura», la creación de «una red de mataderos móviles» o la diversificación de los cultivos de secano o de riego deficitario.

ALGUNAS PROPUESTAS DEL PROGRAMA POR MATERIAS

EDUCACIÓN: REDUCIR LA RATIO PARA UNA MEJOR ATENCIÓN

Se ofrece reducir la ratio de forma que pase a los siguientes máximos: Infantil, de 3 a 6 años, ratio de 14; Primaria, 20; Secundaria, 20; y Bachillerato, 24. Se impulsarán los centros de proximidad con un nuevo diseño de las zonas escolares. Hay un compromiso para la universalización de la educación de 0 a 3 años y para que haya una inversión mínima del 7% del PIB en educación. En materia universitaria se asegura que se simplificará el procedimiento para la concesión de becas y se garantizaría la formación de los universitarios en escuelas y hospitales públicos.

SANIDAD: POTENCIACIÓN DE LA ATENCIÓN PRIMARIA

Una de las primeras medidas es el fomento de la Atención Primaria hasta alcanza el 25% de la inversión en Sanidad en una legislatura. Se propone dotar a esta atención de un servicio específico de Geriatría (similar a la de Pediatría) y hay un compromiso de facilitar la organización para que aumente la duración de las consultas. Se oferta incrementar el gasto sanitario hasta recuperar el nivel de 2009 y el impulso de un plan para aumentar el personal de Salud Mental. También se modificaría la orientación de las políticas en materia de la contención del gasto farmacéutico.

RENTA GARANTIZADA DE 600 EUROS DE PRESTACIÓN MÍNIMA

Se plantea la implantación de un nuevo sistema de garantía ciudadana para acabar con la pobreza y que sustituya a la extinta renta básica. Se establecería una cuantía para esta renta de seiscientos euros como prestación mínima unipersonal incrementada porcentualmente por el número de miembros.

REFORMULAR EL PACTO POLÍTICO Y SOCIAL POR EL TREN

Se reformularía el Pacto Político y Social por el Ferrocarril y hay un compromiso de renegociar con Renfe los contratos de las líneas con obligación de servicio público con el establecimiento de nuevos acuerdos en los que se recogerían imposiciones de sanciones a Renfe por incumplimientos de cláusulas relativas a la obligación de mejora del servicio, inversión y compromisos de puntualidad.

CONSEJERÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEMOCRÁTICA

Se anuncia la creación de una Consejería de Participación Ciudadana Democrática con la finalidad de establecer relaciones de cercanía entre las instituciones y la sociedad. Y se potenciarán instrumentos como la iniciativa legislativa popular o el referéndum.

ESTABLECER UNA RENTA RURAL DE REPOBLACIÓN

Entre las medidas contra la despoblación en el mundo rural se plantea una renta anual de repoblación dirigida a favorecer la instalación y fijación de nuevos vecinos en zonas rurales con proyectos productivos y de emprendimiento. Esta renta sería igual al SMI y se daría por un tiempo determinado mientras se consolida el asentamiento en el territorio. Se aplicaría en poblaciones de menos de mil habitantes y con una duración máxima de cinco años.