La cruzada contra la corrupción urbanística tendrá en el nuevo Código Penal, que el Consejo de Ministros aprobó y tramitó ayer a las Cortes, uno de sus principales instrumentos. Entre las novedades del proyecto, que cuenta con el apoyo implícito del PP de cara a su validación parlamentaria, destacan el endurecimiento de las penas contra los empresarios y los cargos públicos que amparen operaciones ilegales. Unos y otros podrán cumplir hasta cuatro años de prisión por cada obra irregular que se les impute.
Uno de los principales objetivos de la reforma es el de impedir que los delitos urbanísticos sean rentables económicamente para aquellos que los cometen. Con ese fin, se obligará al juez a decomisar siempre las ganancias obtenidas en la ejecución del proyecto, y los magistrados deberán imponer multas de hasta el triple de la cuantía del beneficio cuando la sanción ordinaria no supere el importe del rédito conseguido.
La prevaricación urbanística (corrupción de cargos públicos) se regula de una forma más precisa y, por primera vez, se castigará penalmente a las autoridades y funcionarios que amparen obras ilegales e incumplan de forma intencionada sus obligaciones. Para evitar la impunidad, se elevan los plazos de prescripción de los delitos y se tipifican las conductas más graves.
IMPLACABLES En el ámbito privado, el nuevo código tipifica como delito el cohecho (soborno) entre particulares y castiga de forma específica la corrupción de los administradores de empresas. Se crea, además, como figura delictiva la estafa de inversores, que incrimina a los administradores de sociedades que coticen en el mercado de valores y falseen sus balances.
La vicepresidenta primera del Gobierno, Maria Teresa Fernández de la Vega, vinculó esta reforma con el compromiso del Ejecutivo de ser "implacables" contra la corrupción. "El Estado se dota de instrumentos más eficaces ante los delitos que más afectan actualmente a los ciudadanos, se ocupa de las víctimas del delito y no solo de los delincuentes", matizó el titular del Ministerio de Justicia, Francisco Caamaño. El ministro recordó que los cambios responden a la proliferación de casos que han generado "alarma social" y buscan un "equilibrio claro entre la gravedad del delito y la pena".
De forma paralela al endurecimiento de las penas y las sanciones económicas, el Gobierno pretende mejorar los mecanismos de control de la corrupción urbanística interviniendo en la esfera municipal. La futura ley de bases de régimen local, cuya elaboración está atascada desde hace años, y el nuevo sistema de financiación de los ayuntamientos, que se negociará en los próximos meses para que entre en vigor en el 2011, son las dos normas en las que más confía el equipo de Rodríguez Zapatero.
TRANSPARENCIA En ambos casos se persigue conseguir mayor transparencia en las recalificaciones y las adjudicaciones de los contratos públicos. También se quiere poner énfasis en la obligación de que todos los planes urbanísticos sean revisados, debatidos y aprobados por los plenos de los ayuntamientos, por pequeñas que sean las poblaciones que representan. Actualmente, los consistorios de la mayoría de las grandes ciudades ya cumplen ese requisito, pero no sucede lo mismo en los municipios de menos envergadura.
La ley del suelo de julio del 2001 es el referente sobre el que trabaja el Gobierno, y se espera que la reforma del Código Penal, que entrará en vigor a inicios del 2010, marque un punto de inflexión. La reforma se ha consensuado con los diferentes estamentos judiciales, sobre cuya responsabilidad recaerá la efectividad real de los cambios.
