La Junta Electoral Central ordenó ayer al presidente de la Generalitat, Quim Torra retirar las estelades, lazos y carteles de los edificios de la Generalitat antes de mañana viernes a las tres de la tarde bajo amenaza de «medidas penales». Consultada al respecto, presidencia de la Generalitat mantuvo silencio.
La decisión de la Junta incluye «todo símbolo partidista que contenga imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas por cualquiera de las entidades políticas que concurren a las elecciones». Así, la JEC advierte de posibles «responsabilidades administrativas, o en su caso penales» en caso de no cumplirse de forma «estricta» la petición.
«REITERACIÓN» / La JEC adoptó esta decisión en respuesta a una denuncia de Ciudadanos y rechazó las alegaciones presentadas por la Generalitat. El ente electoral recuerda que ya resolvió sobre esta cuestión los días 11, 18 y 21 de marzo y 28 de abril e insiste que son «símbolos partidistas utilizados por formaciones electorales que concurren a las elecciones» y por ello no pueden estar presentes en los edificios de la Generalitat.
Según la JEC, nos encontramos delante de una «reiteración en el incumplimiento de obligación de neutralidad de los poderes públicos que ya se produjo en el anterior proceso electoral» y por ello, insta a Torra para que de manera inmediata adopte las medidas necesarias para retirar de los edificios públicos de la Administración y sus entidades vinculadas o dependientes los símbolos.
En la anterior polémica, calcada a la actual, Torra presentó alegaciones con el argumento de que le era materialmente imposible cumplir con el mandato en todos los edificios de la administración catalana. Posteriormente, del mismo modo que sucedió en el balcón del Palacio de la Generalitat, sí se retiraron símbolos amarillos en distintas consejerías.
La nueva polémica simbólica añade elementos de controversia ante el juicio que afronta Torra tras las elecciones generales, acusado de desobediencia en la anterior campaña electoral. En esta ocasión, como en abril, Torra acabó retirando -fuera del plazo- la pancarta del Palau. El president acató en abril la resolución, acogiéndose a un informe del Síndic de Greujes que le recomendó hacerlo para cumplir la normativa electoral.
