UN TRIBUNAL LEGITIMO
La proximidad de las elecciones catalanas y la constatación en el PSOE de que enfrentarse al PSC por la renovación del Tribunal Constitucional iba a abrir a los pies de Zapatero una crisis institucional en plena tormenta por la crisis económica parecen haber convencido a la Moncloa de la necesidad de aceptar las demandas de Montilla. Así lo corroboran los movimientos del presidente del Gobierno en los últimos meses. Este ha ido variando su posición de primar la defensa institucional de la legitimidad del tribunal sobre la sustitución de los jueces con el mandato caducado.
SOSIEGO Y DISCRECION
El pasado 27 de abril, Zapatero rechazó en el Senado reformar la ley del tribunal y reclamó "sosiego y discreción" para negociar su renovación. "A día de hoy es mejor que dejemos que las cosas funcionen como están en el ordenamiento. Cualquier otro paso debilitaría la credibilidad de lo que hemos hecho", dijo.
REFORMA TRANQUILA
Pocos días después, el 3 de mayo, Zapatero dio un primer paso y aceptó debatir una "reforma tranquila" de la ley. Se mantenía la apelación a la discreción, pero esa decisión dejaba el camino libre al tripartito catalán para registrar en la Cámara alta, junto a CiU, la propuesta pactada. Un anticipo del anuncio de ayer que cierra el círculo del cambio desde la "pasividad" al impulso de la acción directa.
