El PNV pagó a primera hora de ayer la fianza de 30.000 euros impuesta a su dirigente Gorka Agirre por el juez Fernando Grande-Marlaska, que le acusa de colaboración con ETA por presunta implicación en la red de extorsión de ETA a empresarios. La fianza se abonó en Bilbao apenas iniciado el plazo dado por el magistrado para hacerlo efectivo, mientras el portavoz del partido, Iñigo Urkullu, advertía de que su formación "no admitirá" que se cuestione el compromiso de Agirre con la paz.
El presidente del Partido Nacionalista Vasco, Josu Jon Imaz, se confesó "indignado" con la actuación del juez, al que acusó de estar buscando "el estrellato mediático", y recordó que Agirre ha visto morir asesinados a sus "mejores amigos".
La nueva filtración --a El Mundo -- de parte de las grabaciones que tiene Marlaska sobre conversaciones mantenidas por Agirre incrementó ayer el profundo malestar en el PNV. Urkullu se preguntó "qué está pasando" para que circulen informaciones de un sumario que se ha declarado secreto hasta el punto de que la defensa de Agirre no ha tenido acceso a la totalidad del auto.
"PRISAS" El portavoz denunció también las "prisas" del juez, que se trasladó a Bilbao para tomar declaración a una persona que se "repone" de una intervención quirúrgica y que, por recomendación médica, no debe permanecer mucho tiempo sentado. También cargó las tintas contra la fiscalía por pedir medidas cautelares contra una persona como Agirre, que "en modo alguno" ha sobrepasado la ley.
