El Grupo Popular ha acusado hoy al PSOE de de "demagogia" y de mantenerse en "silencio" sobre la gestión privada de tres hospitales de la Comunidad Madrid iniciada durante los ocho años de gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero.
A falta de la votación, la Diputación Permanente del Congreso rechazará esta noche previsiblemente la petición del Grupo Socialista para que la ministra de Sanidad, Ana Mato, explique en comisión qué medidas piensa tomar en relación con la "privatización" de la sanidad pública en Madrid.
El diputado del PP Mario Mingo ha asegurado que el Gobierno central ha de respetar la ley con todas las comunidades autónomas, ya que el PP y los socialistas pactaron en 1997 un modelo que les otorgaba la posibilidad de utilizar "distintas" herramientas de gestión para mejorar el sistema sanitario.
El diputado socialista José Martínez Olmos, ex secretario general de Sanidad, se ha referido a las "numerosas" manifestaciones de oposición de la ciudadanía y los profesionales por la iniciativa del PP, especialmente en Madrid, de poner la gestión de diferentes hospitales públicos "en manos de empresas privadas"
Esto supone una "posibilidad cierta de afectación" de los derechos de los pacientes y de la calidad asistencial, ha indicado, porque se introduce en el servicio público sanitario la idea de ganar o perder dinero.
Por ello, ha querido saber qué piensa hacer el Gobierno para evitar que los hospitales públicos de gestión privada pudieran poner trabas al tratamiento de las enfermedades más costosas o deriven a pacientes a otros.
También se ha preguntado si los gestores privados de hospitales públicos podrán cobrar las tasas públicas que paguen los gobiernos de los países de origen por la asistencia de extranjeros en los casos previstos por la legislación de la UE.
Martínez del Olmos ha pedido la comparecencia de Mato por "decencia y transparencia".
En nombre de Izquierda Plural, Gaspar Llamazares ha respaldado la petición y ha citado la "puerta giratoria" por la que los mismos que privatizan la gestión aparecen luego en las empresas adjudicatarias, lo que es un "deterioro y corrupción de la política".
