El PP anunció ayer que pedirá la comparecencia en el Congreso de altos cargos del Estado críticos con el Estatuto catalán. Es la respuesta de los populares a la petición del PSOE para que el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Francisco José Hernando, dé explicaciones en el Parlamento sobre unas declaraciones que hizo en contra del Estatuto. En concreto, Hernando dijo que el proyecto catalán abrirá las puertas a 17 sistemas judiciales distintos, que habrá delitos que lo serán en una comunidad y en otras no, y que todo ello es una "amenaza intolerable".

En respuesta a la solicitud del PSOE, Zaplana dijo que pedirán la comparecencia del presidente del Banco de España, Jaime Caruana; del Defensor del Pueblo, Enrique Múgica; y del presidente del Tribunal de Cuentas, Ubaldo Nieto. Todos ellos han cuestionado públicamente el Estatut. El PP pidió informes previos de esas instituciones cuando intentó sin éxito retrasar el pleno de admisión a trámite del proyecto estatutario. Zaplana afirmó que los socialistas sólo pretenden "amedrentar" al presidente del CGPJ y del Supremo, a quien "insultan" con sus insinuaciones. Alfredo Pérez Rubalcaba, portavoz del grupo socialista, replicó que no se asusta a nadie por pedirle que vaya al Congreso y que la comparecencia es necesaria "para ver si es capaz de mantener" sus declaraciones. "Sólo le damos la oportunidad de que rectifique", precisó.

LA CAMPAÑA DE RAJOY Además de las comparecencias, el líder del PP, Mariano Rajoy, prosiguió ayer con la campaña de descalificación del Estatut. Durante su intervención en unas jornadas organizadas por el semanario The Economist , Rajoy aseguró que el texto "dinamita" el sistema autonómico de 1978 y "liquida la Constitución" porque va "más allá de un cambio estatutario". En su opinión, el Estatuto esconde en realidad "una reforma constitucional para un Estado que se confedera con el resto de España porque lo decide él".

El líder de los conservadores volvió a responsabilizar a José Luis Rodríguez Zapatero de "haber abierto un melón sin tener la certeza de cerrarlo con éxito" y recordó que él no es partidario de retocar ningún estatuto, aunque no se opone siempre que prime el interés general de todos los españoles. Afirmó que, en el caso del de Cataluña, "el interés general queda en el quinto pino" porque el presidente del Gobierno ha decidido "primar los intereses de determinadas élites", en referencia a los dirigentes políticos catalanes.

OBLIGACIONES EMPRESARIALES Rajoy insistió en que la consecuencia será "menos autogobierno para los ciudadanos" y "un sinfín de obligaciones para los empresarios". Así, reclamó que deje de discutirse sobre "quiénes somos" y que el Gobierno reflexione y se decida a poner en marcha reformas que dinamicen la economía y la hagan más competitiva.