Como ocurrió en los estertores del felipismo, cuando el caso GAL fue una de las claves en la derrota del expresidente González, el futuro del Gobierno de España podría volver a dirimirse en los tribunales.

Eso es, al menos, lo que espera el PP, que en los últimos días ha logrado convertir el confuso caso Faisán en un misil contra Alfredo Pérez Rubalcaba, el recambio más probable de un desgastado José Luis Rodríguez Zapatero y el más temido por los conservadores.

El chivatazo policial a ETA, que frenó una operación contra una red de recaudadores de la banda, se ha convertido desde que el juez Pablo Ruz reactivó el caso en uno de los temas preferidos de tertulias y portadas de los medios madrileños de derechas, que ya dan por sentenciado el caso y por finiquitada la carrera política del vicepresidente, aunque las pruebas conocidas hasta ahora no lo avalen y los beneficiarios de la delación acabaran en prisión un mes y medio después.

Frente a esta nueva cacería, el PSOE y el afectado habían mantenido hasta hace bien poco la calma, pero Rubalcaba ha dado los primeros síntomas de nerviosismo. Por primera vez parece preocupado por el acoso que sufre en una materia, la antiterrorista, en la que populares y socialistas deberían ir de la mano.

Desde el PSOE se teme la gran capacidad de maniobra que el PP ha demostrado en el aparato judicial. Una de las claves para la reactivación del caso ha sido, por ejemplo, la suspensión del juez Baltasar Garzón que se había negado a practicar las pruebas que ahora lleva a cabo el juez Pablo Ruz, que le ha relevado.