El PP impuso ayer en solitario en el Congreso --frente a un boicot histórico de la oposición en bloque a la votación, que tuvo su precedente la semana pasada en el Senado--la reforma del Código Penal que permite encarcelar a quienes convoquen referendos ilegales. El cambio aprobado modifica tres artículos del Código Penal y permitirá penar con tres o cinco años de cárcel al lendakari, Juan José Ibarretxe, y al presidente catalán, Pasqual Maragall, si realizan consultas ilegales sobre sus reformas estatutarias. La medida afectará también al presidente del parlamento vasco, Juan María Atutxa, si éste mantiene las subvenciones a los diputados que pertenecieron a Batasuna.

La aprobación de la reforma provocó una gran bronca en el Congreso. La indignación de todos los grupos parlamentarios, salvo el del PP, les llevó a no participar en la votación por entender que, tanto en el fondo como en la forma, se ha vulnerado la Constitución. La oposición coreó el "¡manos arriba, esto es un atraco!" y los diputados de IU exhibieron una pancarta con el lema Todos a la cárcel .

"AGRAVIO CONSTITUCIONAL" También mostró su indignación el Consejo General de la Abogacía que decidió, ayer y por unanimidad, calificar la decisión del Gobierno de "agravio constitucional que resulta especialmente lamentable en el 25º aniversario de la Carta Magna".

Durante el debate final en el Congreso, PSOE, CiU, IU, PNV, CC y todo el Grupo Mixto arremetieron contra la reforma asegurando que está hecha con la única intención de encarcelar a los adversarios del PP.

Juan Fernando López Aguilar, del PSOE, recordó que el Gobierno, además de querer meter en la cárcel a Ibarretxe y a Atutxa, "animado por su propia bulimia perseguidora de adversarios", después de amenazar a Maragall, puede pretender meter en la cárcel al presidente socialista andaluz Manuel Chaves, por subir las pensiones no contributivas con cargo a los presupuestos.

Tras recordar que el Gobierno ha hecho otra reforma legal de última hora contra esas subidas, López Aguilar calificó la decisión del Ejecutivo de "otro paso más en su berlusconización inaceptable de la democracia", en alusión a los métodos del primer ministro italiano, Silvio Berlusconi.

CRISPADORES SIN FRONTERAS CiU, que ya iba a votar en contra del proyecto, se sumó al plante colectivo tras una orden que dio personalmente Artur Mas. Su portavoz, Manel Silva, dejó claro que la reforma es "extravagante e inconstitucional" y recordó al PP que se extralimita "considerando política criminal lo que sólo es y debe ser política".

Felipe Alcaraz, de IU, suscitó aplausos de los socialistas e incluso del aliado del Gobierno, Coalición Canaria, cuando afirmó que el PP constituirá la organización Crispadores sin fronteras , "cuya labor consiste en apagar el fuego con gasolina". "¡Que dios le dé a Aznar tanta gloria como descanso nos deja", dijo.

Joan Puigcercós, de ERC, tachó la reforma de "fraude de ley", término al que se sumó toda la oposición para definirla. Puigcercós fue aplaudido por los socialistas cuando dijo que la iniciativa pretende "escamotear las reformas estatutarias".

El portavoz del PP, Leocadio Bueso, aseguró que el PP "no quiere meter en la cárcel a nadie", pero el ministro de Justicia, José María Michavila, no aclaró ese punto y se limitó a lamentar la falta de apoyo de los socialistas a su iniciativa.

El 12 de diciembre, la oposición ya presentó un recurso de amparo ante el Constitucional tras la decisión del Gobierno de introducir los cambios en el Senado mediante enmiendas a una ley, la de Arbitraje, que no tiene nada que ver con la reforma.