El PP se adelantó ayer a la izquierda y, con la mayoría de que dispone en la Mesa de la Asamblea de Madrid, acordó crear una comisión de investigación sobre "los intereses inmobiliarios de destacados dirigentes de la Federación Socialista Madrileña (FSM)". Al admitir a trámite la petición del PP, la mesa aceptó "elaborar un informe sobre los procesos urbanísticos" desarrollados en Madrid e "investigar" los negocios inmobiliarios de diputados del PSOE y "la relación de estos intereses con la crisis abierta".

Según el reglamento de la Asamblea, para crear una comisión de investigación en Madrid se requieren dos requisitos: que lo propongan al menos 45 diputados --dos quintas partes de la Cámara-- y que lo apruebe la mesa por mayoría. Ayer, el PP presentó las firmas necesarias y votó a favor de la admisión a trámite de su escrito. Tras su aprobación definitiva se abrirá una investigación parlamentaria que se desarrollará hasta el próximo 31 de octubre. O hasta que se disuelva la Asamblea.

El PSOE e IU llevaban varios días anunciando que solicitarían la apertura de una comisión de investigación sobre la "trama urbanística" en la que implican a los tránsfugas socialistas Eduardo Tamayo y Teresa Sáez, diputados de pleno derecho desde que el pasado lunes prometieron sus cargos en la Asamblea.

OMISION DE LOS DESERTORES

Ayer ambos partidos presentaron su propuesta en el registro de la Asamblea, pero a la misma hora el Grupo Popular elevaba a la mesa su propio escrito, que no menciona a los desertores del PSOE ni el escándalo urbanístico que la fiscalía imputa a los promotores que los ampararon, Francisco Vázquez y Francisco Bravo, y al exalcalde de Alcorcón Pablo Zúñiga, todos ellos militantes del PP.

Genéricamente, la petición del Grupo Popular propone que la comisión examine el desarrollo urbanístico en "diversos municipios de la comunidad desde 1991", bajo los mandatos del socialista Joaquín Leguina y del popular Alberto Ruiz-Gallardón". Pero el escrito sólo conjuga el verbo "investigar" para referirse a los vínculos de dirigentes de la FSM con el sector inmobiliario.

"UN ESPERPENTO"

Los populares han decidido que la comisión tenga nueve miembros: cuatro del PP, tres del PSOE, uno de IU y otro del Grupo Mixto. Es decir, que o Tamayo o Sáez participen en la investigación del escándalo que han protagonizado. Una decisión rechazada por Rafael Simancas (PSOE) y tachada de "esperpento" por Fausto Fernández (IU).