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ANDALUCÍA

El PP pide que Susana Díaz declare como testigo en el juicio de los ERE

Entiende que como consejera de Presidencia "tuvo un amplio conocimiento" de los hechos investigados

 

Susana Díaz, llamada a declarar por el caso de los ERE. - JOSE MANUEL VIDAL (EFE)

JULIA CAMACHO
09/01/2018

La presidenta andaluza Susana Díaz sentada junto a sus antecesores Manuel Chaves y José Antonio Griñán en la sala que enjuicia la denominada “pieza política” en el caso de los ERE fraudulentos pagados con dinero público en Andalucía. Esa es la imagen que busca el PP, que ha retomado el juicio con un golpe de efecto. Entiende que en su calidad de consejera de Presidencia bajo el mandato de Griñán, Díaz tuvo "un amplio conocimiento" de las irregularidades, "como ha puesto de manifiesto en diversas comparecencias públicas". Y ponen el acento en que fue ya bajo su etapa cuando se firmó el decreto que puso fin al sistema de ayudas cuestionado. Junto a la mandataria andaluza, la acusación popular que ejerce el PP reclama la presencia también como testigo del actual vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios. La Junta ya ha calificado la petición de "ridícula".

Después del parón navideño, el proceso contra 22 exaltos cargos de la Junta de Andalucía se ha retomado con la fase de cuestiones previas, dos días tras los cuales el juicio volverá a suspenderse mientras los magistrados dilucidan sobre las mismas. Algunos imputados solicitan que primero se examinen las pruebas y luego declaren los imputados, mientras que la defensa de Griñán pide que la nulidad parcial de las diligencias al entender que se vulneró el derecho al juez predeterminado por ley, ya que tras la llegada de la juez instructora María Nuñez Bolaños la denominada pieza política se asignó directamente al juez de refuerzo, y no entró en el reparto de los juzgados. Por su parte, la Fiscalía solicita que se delimite “con exactitud” los hechos a juzgar. El ministerio público entiende que este proceso, el primero de todos los que conlleva la macrocausa de los ERE, debe ceñirse a la ilegalidad o no del sistema de transferencias de financiación usado para pagar las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis, y no a las ayudas en sí.

Lo que debía ser una jornada tediosa en el que los abogados defensores han pedido la exclusión como acusación particular del sindicato Manos Limpias, debido a la investigación de la Audiencia Nacional contra esta asociación por extorsión, se ha revolucionado con la intervención del PP al solicitar la declaración como testigo de Díaz. El letrado ha recordado que fue en su etapa como consejera de Presidencia cuando se cambió el sistema, y que fue ella quien además promulgó un decreto para convalidar las ayudas extraordinarias ya concedidas para la prejubilación de los trabajadores afectados, lo que en la práctica entiende el abogado que es validar el sistema anterior.

El PP pide además la comparecencia de Mar Moreno, también consejera de Presidencia y que ya fue apartada como imputada del caso por el Tribunal Supremo, y la de Manuel Jimenez Barrios. En este caso, le citan como exalcalde de Chiclana de la Frontera (Cádiz), por una ayuda concedida al municipio para una feria de muestras. El caso fue investigado y archivado al constatarse que los fondos, 24.000 euros, fueron devueltos tras anularse el convenio de concesión. 

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