La revisión de precios en los contratos del sector público no podrá estar vinculada a "ningún tipo de índice general de precios ni fórmula que lo contenga" desde 2014, lo que se aplicará también a la aprobación de revisión de tarifas.

Así consta en una enmienda del grupo popular en el Senado a los presupuestos generales del Estado, que tiene como objetivo adelantar parte de la ley de desindexación, aún en trámite parlamentario, para que pueda estar en vigor desde el próximo 1 de enero.

Los principios de la ley que se adelantan son la prohibición de revisar precios públicos en función de la inflación y que las actualizaciones se hagan en función de los costes.

Según consta en la justificación de la enmienda, no se trata de limitar la capacidad de fijación de precios de las Administraciones Públicas, sino evitar los llamados efectos de segunda ronda en la economía "introduciendo disciplina en las revisiones".