El próximo Gobierno socialista está decidido a impedir que el Ejecutivo en funciones nombre a dos jueces del Tribunal Constitucional. Hasta el punto de que, si lo hace, recurrirá ese nombramiento ante la sala de lo contencioso del Tribunal Supremo, según advirtieron ayer fuentes de la cúpula socialista.
Jesús Caldera tiene intención de zanjar esta cuestión con Javier Arenas en la segunda reunión para el traspaso de poderes que ambos mantendrán esta semana, previsiblemente el jueves. El PSOE confía en que el Gobierno de José María Aznar renuncie a tomar una decisión que califican de "ilegal e ilegítima".
Expertos legales que asesoran al PSOE estiman que "está clara la ilegalidad" de un nombramiento de esas características, porque "excede" la "actividad ordinaria" que el artículo 21 de la ley del Gobierno permite a un Ejecutivo en funciones.
ENTURBIAR EL TRASPASO El comité designado para el traspaso de poderes trasladará a Arenas que este asunto puede enturbiar el traspaso de poderes y la relación futura entre el nuevo Gobierno y la futura oposición del PP. El recurso del PSOE y la posible anulación posterior de los nombramientos generaría un conflicto entre poderes que los socialistas no desean, pero que reconocen estar dispuestos a asumir, según aseguran las fuentes consultadas.
El mandato de los jueces que se propone nombrar el Ejecutivo es de nueve años. Su ingreso en el Constitucional desnivelaría la balanza ideológica a favor de los conservadores, lo que impediría la elección de un presidente progresista del alto tribunal.
También ayer, trascendió que la mayoría del Consejo Fiscal impedirá al fiscal general, Jesús Cardenal, cubrir catorce plazas de fiscal jefe antes del relevo en el Gobierno. Al menos siete de los doce miembros del Consejo --los cuatro progresistas y tres de los conservadores-- votarán el próximo día 30 de marzo a favor de retrasar estos nombramientos. Cardenal no está vinculado por el sentido de esta votación, pero es poco probable que desoiga al consejo.
