El PSOE da casi por imposible el acuerdo con el Gobierno para reformar la administración local, porque la última propuesta del Ejecutivo no soluciona los problemas del municipalismo, no reforma el modelo ni supondrá un ahorro ni de estructura ni de dinero, objetivos que, según el PSOE, se perseguían en un principio.
Los socialistas han anunciado su posición tras una reunión en Madrid encabezada por el secretario de Política Municipal, Gaspar Zarrías, en la que han tomado parte sus homólogos regionales, representantes socialistas en la FEMP y en federaciones territoriales de municipios y provincias, alcaldes del Consejo Territorial del PSOE, representantes de las consejerías autonómicas socialistas y los portavoces socialistas del Congreso y Senado.
El encuentro ha certificado la falta de sintonía con el proyecto del Gobierno, que aprobará el proyecto el próximo 25 de febrero, según anunció el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Pese a ello, el PSOE asegura que mantiene abiertas "las vías de diálogo" para acercar posiciones.
Zarrías ha censurado que el proyecto incumplirá "todos los objetivos que dice perseguir": ni racionalizará la estructura organizativa según los principios de eficiencia y equilibrio financiero, ni clarificará las competencias municipales para evitar duplicidades y tampoco garantizará el control financiero.
También ha criticado especialmente que no reformará la financiación municipal ni hará más austeras las entidades locales, sino al contrario, multiplicará "la estructura" del sector y dejará "como está" una de las normas que más ha contribuido a complicar el entramado municipal, según el PSOE: la Ley de Grandes Ciudades, "que ha creado distritos, tribunal de reclamaciones, defensor del ciudadano, directores generales".
Privatizaciones
Gaspar Zarrías ha asegurado que la reforma se traducirá en que los ayuntamientos dejen de prestar servicios públicos que pasarán a empresas privadas y ha augurado una subida de tasas y precios públicos "para aumentar el lucro". El resultado serán servicios más caros, ha agregado.
Un "desapoderamiento de las competencias municipales", según Zarrías, que se cubrirá además con la "apariencia" de que se mejorará la eficiencia mediante el refuerzo de las diputaciones. "Esta reforma, que no va a suponer un ahorro de 3.500 millones como se pregona desde el Ejecutivo, sólo conllevará una merma impresionante de la democracia en el ámbito local y por lo tanto una merma de la capacidad de decisión de sus ciudadanos", añadió.
El dirigente socialista ha explicado qué se rebajará la democracia porque las diputaciones están formadas por personas que no son elegidas por los ciudadanos. "¿De qué sirve votar a los alcaldes si ellos no van a ser responsables de cómo se prestan los servicios y cómo se ejercen las competencias? ¿Qué papel jugará la valoración del ciudadano ante una mala gestión municipal, si los responsables últimos de los servicios serán los diputados provinciales de indirecta legitimidad democrática o incluso los secretarios de los ayuntamientos?", se ha preguntado.
Lejos del acuerdo
Los socialistas aseguran que la posibilidad de acuerdo se aleja y han añadido que el Gobierno no ha retirado ninguno de los aspectos que desde el principio eran rechazados por ellos. "Los aspectos que generaban entonces nuestro rechazo, se mantienen ahora", ha dicho.
"La reforma de la administración local es fundamental para nuestro país, para nuestro modelo territorial y, sobre todo, para los ciudadanos", pero "no compartimos ni la pretendida racionalidad de esta reforma, ni la intencionalidad encubierta de acabar con el Estado de Bienestar que el gobierno ha puesto encima de la mesa", ha concluido Zarrías.
