El PSOE logró ayer el respaldo del PP para tramitar en el Congreso, el jueves, el proyecto de ley de promoción de la autonomía personal y atención a personas dependientes. El acuerdo sobre la ley de dependencia, el más importante alcanzado en esta legislatura entre el Gobierno y el primer partido de la oposición, se fraguó ayer en la comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del Congreso, después de que el PSOE aceptara medio centenar de enmiendas del PP.
De esta forma, CiU y PNV son los únicos grupos que mantienen su rechazo el texto y amenazan con recurrirlo ante el Tribunal Constitucional. Para el diputado de CiU Carles Campuzano, la ley "ignora las competencias exclusivas en materia de servicios sociales que el nuevo Estatut otorga a la Generalitat". Joan Tard (ERC) y Carme García (IU-ICV) respondieron que, tras 23 años de gobierno en Cataluña, CiU "ha sido incapaz de impulsar una ley de servicios sociales autonómica".
Por su parte, el portavoz del PNV, Emilio Olabarría, se mostró contrariado al ver que la campaña electoral catalana "prostituía" el debate de una ley de estas características que, según los nacionalistas vascos, vulnera la Constitución al vulnerar las competencias autonómicas y no garantizar la universalidad y la gratuidad del derecho.
VALORACION POPULAR María Salom, portavoz de los populares en esta materia, afirmó que su grupo apoya la norma por una cuestión de "responsabilidad" hacia el colectivo de personas afectadas pero que, según su opinión personal, "el Gobierno no se merecía el acuerdo", pese a las enmiendas aprobadas.
Unas modificaciones que, fundamentalmente, hacen referencia a la ampliación de la atención a los menores de tres años y a los discapacitados psíquicos o al compromiso de establecer una atención preferente a las personas afectadas por una dependencia severa que incluye la creación de la figura del asistente personal.
La ley de autonomía personal pretende cubrir las necesidades de cerca de 1,3 millones de personas dependientes en España que podrán acceder a diferentes servicios. Sin embargo, por razones logísticas y presupuestarias, esta norma tardará unos nueve años en quedar completamente implantada.
