El PSOE continua haciendo del aborto uno de sus caballos de batalla. Dada la división en el Gobierno y el PP sobre este tema y la aparente soledad del ministro Alberto Ruiz-Gallardón en hacer de España uno de los países con leyes más restrictivas, el principal grupo de la oposición utiliza todas las sesiones de control al Gobierno, tanto en el Congreso como en el Senado, para recordar al ministro de Justicia que la legislación actual (que permite el aborto libre hasta la semana 14 de gestación) es equiparable a la del resto de países del entorno, ha traido seguridad jurídica a los médicos y las mujeres, y no ha provocado un aumento del número de interrupciones del embarazo, por lo que no hay ningún motivo para cambiarla.

La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, ha pedido este miércoles al ministro que deje de "dar lecciones" a las mujeres de defensa de la vida. "Nosotras damos la vida, ¿cómo no vamos a defenderla?”, ha manifestado, para a continuación añadir: “Ni aunque ustedes tuvieran los 350 escaños de esta Cámara, tendrían ustedes derecho a decirle a una mujer cuándo debe de ser madre y cuando no”.

La número dos del PSOE ha argumentado, además, que un aborto “es un momento difícil para cualquier mujer", por lo que estas necesitan es la ayuda de un profesional y no "amenazas", apoyo, comprensión y seguridad, y no "imposición y condena social".

'Usted tiene un problema con la Constitución'

La respuesta del ministro ha sido que Valenciano ( y por tanto el PSOE) "tiene un problema con la Constitución" dado que "pretende hacer una interpretación" de la Carta Magna "distinta de aquel que tiene la responsabilidad y la exclusividad de hacerlo, que es el Tribunal Constitucional". En este sentido ha recordado las tres sentencias que exigen al poder ejecutivo que proteja los derechos del no nacido cuando estos entren en colisión con los derechos de la madre.

El ministro ha reiterado que la "principal novedad" de la reforma normativa en la que trabaja el actual Gobierno es que "por primera vez" no habrá reproche penal para la mujer que aborte porque se la considera una víctima y no culpable.