Mariano Rajoy anunció ayer que el Gobierno, en su ofensiva contra el plan Ibarretxe, tomará nuevas medidas para "defender" la Constitución y el Estatuto vasco de quienes "quieren romperlos unilateralmente". El líder del PP no concretó las futuras reformas legales, aunque de momento el Ejecutivo tiene sobre la mesa la propuesta de Jaime Mayor Oreja para endurecer los delitos de desobediencia, sedición y rebeldía.

El candidato del PP se comprometió a incluir las nuevas reformas en su programa para las elecciones del 2004, pero no descartó que algunas se pongan en marcha "incluso antes" de los comicios de marzo.

Fiel a su estilo de "administrar los tiempos" políticos y las "formas" para reaccionar ante cada acontecimiento, Rajoy se limitó a mostrar sus intenciones y las del Gobierno en la lucha contra el terrorismo y contra el plan soberanista del lendakari, aunque no concretó.

EL EJEMPLO DE LOS ABERZALES

Ante unos 1.500 seguidores del PP andaluz reunidos en Sevilla, Rajoy sólo ofreció como pista que "hace años parecía imposible ilegalizar a Batasuna o a las Gestoras pro Amnistía".

La decisión del Consejo de Ministros del viernes de recurrir al Tribunal Constitucional la propuesta de Ibarretxe de reformar el Estatuto para hacer de Euskadi una nación "libre asociada a España", no es más que el primer paso de una larga andadura contra el órdago del lendakari. El Gobierno trabaja bajo la premisa de que una violación de la Carta Magna "no puede salir gratis".

Aunque Rajoy no se refirió explícitamente, el Gobierno tiene en estudio el reforzamiento de los tipos penales para los delitos de desobediencia y sedición. A finales de octubre, Jaime Mayor Oreja y el presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, defendieron estas reformas porque las penas actuales son un "choteo" y "no están a la altura de las actuales circunstancias". El delito de desobediencia está penado ahora con un castigo de tres a doce meses e inhabilitación especial. Pero el Código Penal no contempla cárcel para los funcionarios y cargos públicos. Los cambios sobre el delito de sedición podrían aplicarse a iniciativas como la convocatoria de un referendo no autorizado.

DIVISION DE OPINIONES

Cuando Mayor abogó por endurecer estos delitos obtuvo el apoyo de las asociaciones de jueces más conservadoras, pero miembros del Gobierno y del PP rechazaron la idea y prefirieron mantener la prudencia para no alimentar el "victimismo" nacionalista.

Aunque Mariano Rajoy apuntó que las reformas podrían estar listas antes de marzo, el tiempo de trámite parlamentario es escaso ya que las Cortes serán disueltas a principios del 2004. El Gobierno podría utilizar el proyecto de ley orgánica de cooperación con la Corte Penal Internacional, ahora en el Senado, para retocar el Código Penal.