El PP está llevando a cabo lo que podría describirse como una depuración de responsabilidades a la carta respecto a los cargos y dirigentes políticos del partido que están implicados en la trama de corrupción investigada por el juez Baltasar Garzón.

En una breve comparecencia, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, anunció ayer que los cargos del partido implicados en el auto de Garzón han pedido "voluntariamente" la suspensión de militancia, con el objetivo de "no dañar al PP y ejercer en mejores condiciones su derecho a la defensa". Instantes después, De Cospedal matizó que la petición de baja del partido tiene que ver con los presuntos implicados en el auto relativo a la Comunidad de Madrid. Es decir, que el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y el secretario general del PP en la Comunidad Valenciana y diputado autonómico, Ricardo Costa, no se habían acogido a esas bajas, según el PP voluntarias.

LOS AFORADOS, TAMPOCO Horas más tarde trascendió que el PP tampoco había dado de baja a los tres diputados de la Asamblea de Madrid implicados por Garzón. Se trata de Alberto López Viejo, exconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid; Benjamín Martín Vasco, expresidente de la comisión de investigación sobre los casos de espionaje en el Gobierno autonómico; y Alfonso Bosch Tejedor, secretario de movilización del PP de Madrid. Los tres mantienen, además, su escaño autonómico y, por tanto, siguen siendo aforados. Es decir, no pueden ser juzgados salvo si el Tribunal Superior de Justicia de Madrid levanta el aforamiento.

Así pues, el resto de dirigentes del PP citados por el auto de Garzón referido a Madrid son los que sí han dejado de militar en el partido. Entre ellos destacan los alcaldes de las localidades de Pozuelo de Alarcón y de Arganda del Rey, que ayer mismo dimitieron de su cargo institucional.

¿Cuál es entonces el criterio del PP para depurar responsabilidades? La secretaria general de los populares contestó que se tomarán medidas cuando el partido vea que "personas imputadas hayan hecho actuaciones irregulares e ilegales", pero "habrá que ir al caso concreto".

De Cospedal tuvo especial interés en defender a Camps de las implicaciones concretas quefiguran en el auto de Garzón.La dirigente popular afirmóque los datos, incluidos los sobornosen forma de trajes regaladosal presidente valencianopor parte de las empresasde la trama, "no se han demostradoen ningún momento",e insistió en la técnica delcontrataque, al sostener queCamps es objeto de "gravísimosataques con el fin de menoscabarsu imagen pública einstitucional".Pese a los detallados autosde Garzón sobre la ComunidadValenciana y Madrid, lospopulares sostienen que "seha demostrado que las finanzasdel PP están fuera de todasospecha". El partido no descartaincluso ampliar su querellacontra el juez instructor,al que ayer De Cospedal acusóde lanzar afirmaciones "insidiosase injustificadas". En elauto del magistrado consta elapunte "PP VLC" de la contabilidadde la trama corrupta,relacionado con 420.000euros, que "corresponden alPartido Popular de Valencia".

TRIBUNALES CLAVE / De Cospedalrepitió ayer un mensaje:"Confiamos en la justicia".Algo que, según fuentes socialistas,en realidad quiere decirque el PP confía en que lostribunales superiores de Madridy la Comunidad Valenciana,serán más favorables alos intereses de los populares.La vicepresidenta del Gobierno,María Teresa Fernándezde la Vega, hizo un llamamientoal respeto a Garzón,"como a los demás jueces", ya los tribunales superiores dejusticia autonómicos. De laVega pidió una vez más al PPque sea prudente porque, recordó,lo que se investiga esun supuesto entramado vinculadoa los populares.