Los populares han optado por enarbolar la bandera de la cadena perpetua. Eso sí, "revisable". Ayer, Mariano Rajoy sorprendió a buena parte de su partido (sobre todo a los que no están convencidos de la estrategia) cambiando su criterio inicial y anunciando que, además de un debate sobre la controvertida figura penal en la calle y los medios, quiere otro en el Congreso. En declaraciones a Telecinco, especificó que piensa aprovechar la reforma del Código Penal --que tendrá lugar en febrero-- para dar esta batalla, pese a que no era lo previsto por el partido que preside.

De hecho, el responsable conservador en materia de justicia, el exministro Federico Trillo, presentó hace un par de semanas los ejes de los cambios que pretenden introducir en este texto legal. No hizo ni una sola mención a la cadena perpetua. Sin embargo, sí señalaba que, para delitos graves ligados al terrorismo, al asesinato o las agresiones, el PP abogaba por "el establecimiento de penas privativas de libertad ejemplares, garantizando su cumplimiento íntegro", que no perpetuo. Pero ayer Rajoy se atrevió a ir más allá y aseveró que llevará al Parlamento un debate que está vigente entre los ciudadanos. Principalmente, en los de Andalucía.

Es el presidente del PP de Andalucía, Javier Arenas, quien lleva mucho tiempo defendiendo que se debe hablar sin complejos de este asunto. La casualidad ha hecho que algunos de los crímenes o desapariciones más mediáticas de los últimos tiempos hayan tenido lugar, precisamente, en su comunidad: los crímenes de Rocío Wanninkhof y Sonia Carabantes en Málaga, en 1999 y el 2003, respectivamente; el asesinato de Mari Luz Cortés en Huelva, en el 2008; y la desaparición de Marta del Castillo en Sevilla, hace 12 meses.

Y precisamente ahora, cuando se cumple un año desde que se viera por última vez con vida a Del Castillo, los populares azuzan con fuerza la cuestión de la cadena perpetua. Esa reivindicación la vienen haciendo, desde hace años, los padres y amigos de la mayoría de las víctimas. En el 2009, miles de personas se reunieron en Madrid, convocadas por la familia Del Castillo, para exigir que continuase la búsqueda de su hija y un referendo sobre la cadena perpetua.

SIN UNANIMIDAD Los conservadores --principalmente Arenas--, siempre se han mostrado receptivos a estudiar esa demanda. Después de que se hayan producido recogidas de firmas en Andalucía y que, recientemente, se haya publicado una encuesta que indica que más del 80% de los españoles apoya la cadena perpetua, el PP se apunta al debate. Pero a diferencia de lo que sucede con las propuestas para hacer más dura la ley del menor, el tema de la cadena perpetua divide al PP. Unos respaldan incondicionalmente la postura de Rajoy (entre ellos, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre); otros, creen que su presidente ha ido demasiado lejos con un asunto de "dudosa constitucionalidad" y temen por la imagen del partido fuera de las fronteras de Andalucía. Entre los contrarios al debate está el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, que opinó que en España ya existe una legislación "muy dura" para casos "abominables" que se juzgan en los tribunales, lo que no hace necesario un cambio legislativo para introducir la cadena perpetua.