Inasequible al desaliento, Mariano Rajoy está dispuesto a cuestionar las políticas del Gobierno hasta el último soplo de legislatura. En el marco de esa estrategia, el PP pidió ayer en el Congreso la celebración de un pleno con el fin de iniciar los trámites para la ilegalización de ANV y el Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK, en euskera). La diputación permanente, que sustituye al pleno en periodos no ordinarios de sesiones, decidirá el viernes si acepta o no la petición.

También se pronunciará sobre una solicitud del PNV e IU-ICV para que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, informe sobre el arresto del etarra Igor Porta, ingresado en un hospital por lesiones supuestamente producidas por los agentes que lo detuvieron. Salvo sorpresas, tanto la iniciativa del PP como la del PNV e IU-ICV fracasarán. En el primer caso, se prevé que los populares no consigan apoyos. En cuanto a la comparecencia de Rubalcaba, todo apunta que habrá coincidencia de socialistas y populares para frenarla.

Además de reclamar la ilegalización de ANV y EHAK, Rajoy anunció que, si gana las elecciones del 9 de marzo, no "revisará todo" lo que ha hecho el actual Gobierno, sino que analizará "cada caso". Avanzó que reformaría la ley de educación. De la memoria histórica, señaló que "no sirve absolutamente para nada", pero no tiene una decisión tomada al respecto.