La vocal progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Margarita Robles decidió ayer apartarse del debate que la institución celebrará próximamente para discutir la suspensión del juez Baltasar Garzón por haber coincidido con el magistrado de la Audiencia Nacional en el Ministerio del Interior durante el periodo 1993-1994. No obstante, aprovechó su decisión para afear la conducta mantenida por el magistrado como instructor del caso Gal .

Robles atendió la petición realizada por Garzón, que la recusó por enemistad manifiesta. Una acusación que fue rechazada por la vocal del CGPJ, quien llegó incluso a recordarle al magistrado que habían sido compañeros de promoción. También le reprochó que se haya creído las versiones difundidas por los medios de comunicación, que le han atribuido un papel destacado en la puesta en marcha de su propio proceso de suspensión.

REPROCHE POR EL ´CASO GAL´ Robles explicó que ella no había dado crédito, a pesar de lo que dicen las hemerotecas, a las informaciones que aseguraban que Garzón aspiró a su puesto de secretaria de Estado de Interior cuando el juez era delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, y que al no lograrlo optó por volver a su juzgado para reabrir el caso Gal . "Entiendo que esos comentarios no se corresponden con la realidad", dijo. Pero reprochó al magistrado que hubiera instruido ese proceso contra personas "con las que estuvo en contacto, en el contexto de su cargo en el Gobierno", como ha establecido el Tribunal de Estrasburgo.

Por este motivo, la vocal ha optado por mantenerse apartada del debate, pero también para evitar que su intervención "pueda servir de pretexto para cuestionar las actuaciones judiciales que se están tramitando con total independencia e imparcialidad" en el Tribunal Supremo.

FORZADA POR EL PRESIDENTE Fuentes del CGPJ restaron valor a la decisión tomada por Robles y explicaron que en cierto modo se vio forzada a ella por el presidente de esta misma institución, Carlos Dívar, quien comunicó ayer a los cuatro vocales que integran la comisión permanente que el caso Garzón será tratado únicamente en el pleno del organismo. Ahora, el pleno tendrá que decidir si acepta o no las recusaciones planteadas por el magistrado de la Audiencia Nacional contra el vicepresidente, Fernando de Rosa, y la vocal Gemma Gallego en el caso de que ambos estén dispuestos a participar.

Todas las fuentes consultadas apuntan que De Rosa estudia seguir los mismos pasos de Robles y que el vocal José Manuel Gómez Benítez debe revisar en qué fecha dejó de ejercer como abogado del juez Baltasar Garzón, puesto que la ley le obliga a abstenerse si le ha representado en los dos últimos años.

Todos estos trámites llevarán a aplazar la discusión sobre la suspensión del juez Garzón al menos hasta el próximo 24 de marzo, tiempo más que suficiente para que el Tribunal Supremo mueva ficha y decida finalmente sentarlo en el banquillo por alguna de las tres querellas que tramita. Entonces la suspensión del magistrado será un hecho.