Pedro Sánchez busca nuevas herramientas legislativas para afrontar el horizonte de la pandemia en España. Consciente de que cada vez cuenta con menos respaldo parlamentario para prorrogar medidas extraordinarias que recortan libertades, el presidente apuesta ahora por negociar con la oposición dos nuevos planteamientos. Según ha podido saber este diario, el Gobierno ha propuesto pactar una modalidad «más laxa» para la última prórroga del estado de alarma, que duraría esta vez un mes, hasta el 24 de junio.

Para entonces, cuando decaiga, el Ejecutivo quiere tener aprobado otro instrumento que le permita controlar eventuales rebrotes de la enfermedad sin volver a recurrir al tan controvertido mando único. La intención es modificar la ley orgánica de medidas especiales de salud pública para que, si se producen nuevos focos de contagio, el Ministerio de Sanidad pueda actuar quirúrgicamente confinando las zonas afectadas. La negociación está verde, pero hay expectativas de que progrese, incluso en un clima político de gran crispación, porque el PP defiende la iniciativa como propia.

LAS ALIANZAS / La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, trabaja desde el lunes para tejer las alianzas parlamentarias que el Gobierno va a necesitar en ambas cuestiones. En principio, la idea de un estado de alarma descafeinado hasta finales de junio, suena bien a sus aliados, aunque fuentes de dichas formaciones políticas advierten que hasta que no conozcan el texto concreto evitarán comprometer su apoyo.

Uno de los principales objetivos de Calvo es recuperar el respaldo de ERC, que votó en contra de la última prórroga. La vicepresidenta ha estado conversando en los últimos días con su homólogo en la Generalitat y coordinador nacional de los republicanos, Pere Aragonès, para atraerle al sí. Fuentes del partido independentista aseguran a este diario que, para ese voto a favor de una ampliación light, exigirá la devolución de competencias, permisos retribuidos para los progenitores con hijos que no van a la escuela, y que los ayuntamientos puedan utilizar sus remanentes para combatir socialmente la pandemia, informa Xabier Barrena.

Sánchez evitó entrar en detalles ayer en la sesión de control, pero confirmó un cambio de modelo. «Queremos transitar a la nueva normalidad con un estado de alarma distinto, porque efectivamente es muy distinta la situación a la de hace ocho semanas. Y a partir de ahí, se tiene que abrir un debate político en esta Cámara para ver cómo podemos reforzar esos mecanismos de coordinación entre los distintos niveles de la administración para que esos rebrotes, si se dan, sean lo menor posible», planteó.

Fuentes parlamentarias sostienen que el Ejecutivo les ha propuesto dotar de mayor peso de decisión y gestión a las comunidades autónomas y que el Gobierno se mantuviese en una «lógica subsidiaria» para retomar el control en el caso de rebrotes.

Esta idea enlaza con la segunda pata de la propuesta: la reforma de la ley de medidas especiales de salud pública, un texto de 1986 que, según fuentes gubernamentales, no incluye supuestos válidos para el coronavirus, por lo que necesitaría ser adaptada. La intención es que, ante un eventual rebrote, Sanidad pueda confinar una zona o restringir la movilidad entre determinadas áreas sin tener que recurrir, de nuevo, al estado de alarma.

Al tratarse de una ley orgánica, el cambio legislativo necesita ser aprobado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. Es decir, son imprescindibles los votos del PP. Su presidente, Pablo Casado, conversó el lunes con Calvo. Los conservadores han mostrado en público su disposición a apoyar «si se quisiera ampliar la cobertura legal» de la ley orgánica de medidas especiales de salud pública.