Los sindicatos policiales mayoritarios consideran falto de rigor el informe del Gobierno Vasco sobre fallecidos por vulneración de derechos humanos, en el que se incluyen 94 muertes por las fuerzas de seguridad del Estado, y han reiterado que los agentes cumplen la legalidad, como demuestran las sentencias.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Confederación Española de Policía (CEP) y la Unión Federal de Policía (UFP) han coincidido en criticar duramente el informe, que cuantifica en 1.004 las personas fallecidas por vulneraciones de derechos humanos entre 1960 y 2013, y entre las que se incluyen 837 muertos por ETA y 94 por las fuerzas de seguridad del Estado.

El portavoz del SUP, José María Benito, ha considerado que el informe es "falso" ya que "no es verdad que existan víctimas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en ese mal llamado conflicto, porque no existe ningún conflicto sino una banda que ha matado a gente inocente".

En declaraciones a Efe, Benito ha sostenido que el informe "carece de rigor científico", como demuestra el hecho de que "no existen condenas judiciales (contra agentes), porque no existe el delito".

Ha criticado que los responsables del informe "pretendan reescribir la historia" sobre ETA, y ha considerado "lamentable" que "la iglesia y algunos partidos políticos que tenían que haber estado siempre al lado de las víctimas no lo hayan estado y ahora defiendan los derechos humanos".

Por su parte, la CEP ha censurado el informe del Gobierno Vasco porque "humilla a las víctimas de ETA y pretende esconder la tragedia y el crimen".

"El documento conocido hoy vuelve a ser un pésimo ejemplo de rigor y, por el contrario, una buena forma de regar con dinero público algunas tesis históricas interesadas sobre el mal llamado 'conflicto vasco'", generando una historia "manipulada y falseada".

La CEP considera, en un comunicado, que "los 150 compañeros fallecidos en el País Vasco por la actividad criminal de esa banda terrorista no merecen este insulto".

En la misma línea, el portavoz de la UFP, Serafín Giraldo, ha calificado en declaraciones a Efe como "nauseabundo y vergonzoso" que se afirme que las fuerzas y cuerpos de seguridad vulneran los derechos humanos en los términos que apunta el informe y ha subrayado que "cualquier policía que se exceda en su trabajo está sujeto a la ley".

"Resulta increíble el desconocimiento de las leyes que regulan el Estado por parte de quienes redactan el informe", ha añadido, y ha recordado que "existe un entramado legal que termina en una resolución judicial libre e independiente", por lo que decir que las fuerzas y cuerpos de seguridad vulneran los derechos humanos "es criticar el sistema que nos rige"