El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha considerado hoy "en principio, plenamente reprobables" los homenajes a etarras excarcelados y ha agregado que el inicio de un proceso penal en actividades de tipo político "requiere una documentación muy rigurosa, muy precisa".

Torres-Dulce ha dicho a los periodistas antes de impartir una conferencia en Zaragoza que un proceso penal hay que iniciarlo siempre sobre bases "absolutamente lógicas", por mucho que lo que se pretenda sea cubrir las exigencias del Derecho penal para asegurar la pacífica convivencia entre todos los españoles.

El fiscal general ha respondido así al ser preguntado por los homenajes a etarras excarcelados en cumplimiento de la derogación de la doctrina Parot, al tiempo que ha dicho estar "absolutamente convencido" de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional requerirá más documentación si la remitida por Interior sobre esos actos fuera insuficiente o debiera ser complementada.

Torres-Dulce ha reiterado que entiende la alarma y la preocupación de los ciudadanos por las últimas excarcelaciones y ha afirmado que, a veces, el Estado de derecho y el respeto a los tribunales conlleva decisiones "socialmente, personalmente muy dolorosas, muy especialmente con respecto a las víctimas".

Ha explicado que la Fiscalía "con plena sujeción al respeto de la situación de libertad que tienen estas personas, acordadas por un tribunal de justicia, simplemente da noticias, por una parte a las víctimas de esos delitos, pero también a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado".

Es decir, para que procedan en consecuencia, siempre dentro del respeto de la legalidad y dentro de las competencias de esas fuerzas policiales, y siempre, por supuesto, con esa labor de prevención general que "en modo alguno puede suponer conculcación de derechos individuales, de la más estricta libertad ambulatoria y del más estricto respeto a la presunción de inocencia".

Torres-Dulce ha impartido la conferencia "La visión del Ministerio Público" en unas jornadas sobre la justicia en España, organizadas por el Justicia de Aragón y la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza con motivo del 35 aniversario de la Constitución Española.