Los tres presuntos etarras detenidos hoy en el País Vasco francés han ingresado en prisión, a la espera de que el Tribunal de Apelación de Pau (suroeste) examine las euro-órdenes emitidas en su contra por la justicia española, dijeron a Efe fuentes próximas al caso.
Se trata de Ignacio Telletxea Goñi, Francisco Javier Irastorza Dorronsoro y Marcos Sagarzazu Oyarzabal.
Los servicios de la lucha antiterrorista española les encuadran en el comando "Ibarla" de ETA, creado en 1994 y al que se le atribuye una veintena de atentados en la pasada década, incluido el perpetrado en el Corte Inglés de Valencia en 1995, en el que murió una mujer y otras doce resultaron heridas.
La Fiscalía de la corte de Pau les notificó a los tres las euro-órdenes emitidas por el juez de la Audiencia Nacional de Madrid Baltasar Garzón, que les reclama por la colocación de tres artefactos explosivos en 1995 en Sagunto y en la autovía Valencia-Zaragoza, que no causaron daños personales.
En relación con esos hechos, Garzón les reclama por los delitos de estragos, integración en organización terrorista y tenencia de explosivos, indicaron las fuentes.
Después de la notificación, los tres presuntos etarras han sido trasladados a la prisión de Toulouse.
La Sala de instrucción del Tribunal de Apelación de Pau ha fijado una audiencia para el próximo martes para examinar las euro-órdenes españolas, pero es muy posible que sea pospuesta, indicaron las fuentes.
Telletxea Goñi, arrestado a finales de 2001 en el sur de Francia junto con otros dos presuntos miembros de ETA, fue condenado en 2003 por el Tribunal Correccional de París a una pena de cinco años de prisión y excarcelado en 2005, después de cumplir su condena.Fue expulsado entonces a España, sin que fuera detenido.
Irastorza y Sagarzazu habían sido arrestados en 2002 en San Juan de Luz y Hendaya, respectivamente, pero el Tribunal de Apelación de Pau rechazó en mayo de 2003 las demandas españolas de extradición en su contra y ordenó su excarcelación.
España había pedido la extradición de ambos en relación con el asesinato del policía Eduardo López Moreno, el 19 de abril de 1995, en la localidad navarra de Endarlaza, al explosionar un artefacto en el interior de un cuartel de la Guardia Civil abandonado.
La Corte de Pau, siguiendo la recomendación de la Fiscalía, rechazó la demanda española porque "no era posible despejar la duda de la hipótesis" de que las declaraciones de una presunta etarra, Iratxe Sorzabal, en las que se apoyaba la petición de extradición fuesen obtenidas "con malos tratos".
