El exministro Federico Trillo sigue capitaneando la estrategia judicial del PP frente al caso Gürtel y tomando decisiones para procurar, dentro de sus posibilidades, aminorar el daño que este oscurísimo asunto de corrupción provoca en las filas populares. Ayer, el dirigente popular remitió un comunicado a los medios de comunicación para anunciar que su partido recurrirá mañana mismo ante el juez Antonio Pedreira --instructor del citado caso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)-- por estar utilizando en su investigación informes de la unidad de apoyo de la fiscalía Anticorrupción que, a su entender, "carecen de relevancia pericial y mucho más aún judicial".
Con esa tesis como base, el dirigente conservador pretende solicitar al juez "la nulidad de cuantas actuaciones se puedan derivar de tales informes", esto es, que no llame a declarar a ninguno de los consejeros valencianos o funcionarios que intervinieron en los contratos con la trama Gürtel (que fueron casi todos, empezando por el presidente de la Generalitat Francisco Camps). "Todos han declarado sobre este asunto ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV), que no encontró en ellos ninguna irregularidad".
Y es que a los populares no les ha gustado nada que la prensa, en los últimos días, se haya hecho eco de un informe de la unidad de apoyo de Anticorrupción que, entre otras cosas, apunta que casi la totalidad del equipo de Camps ha firmado contratos ilegales en estos años para favorecer a la red corrupta. "Lo que se ha publicado sobre los contratos de la Generalitat es fruto de la política de intoxicación del Gobierno", recalca Trillo.
OTRAS VERSIONES Además, agrega que la Cámara de Cuentas de Valencia y la Intervención General del Ejecutivo valenciano dicen lo contrario que los informes de Anticorrupción. "Alguien tendrá que explicar por qué se le quiere dar ahora más valor al informe de unos interventores nombrados por el Gobierno que a los informes oficiales del órgano de control exterior y fiscalización interna de la comunidad valenciana", sentenció.
Resulta que una de las consejerías donde el juez Pedreira quiere revisar la contratación con la trama Gürtel es la de justicia que, entre enero y junio del 2007 estuvo dirigida por Fernando de la Rosa, actualmente vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Por eso, De la Rosa envió ayer otro comunicado en el que sostiene que "jamás" contrató con empresas de la red corrupta. "No tengo ni he tenido nada que ver con ellas", aseguró.
En declaraciones a Efe, Trillo aseguró que su partido no va a "admitir más manipulaciones, ni más utilización fraudulenta de la Fiscalía Anticorrupción y de la UDEF Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal". "Vamos a llegar adonde sea menester tanto para defender la dignidad del Partido Popular como del proceso penal", advirtió.
CONFIANZA EN LA JUSTICIA En relación al requerimiento del juez Pedreira sobre la identidad de 17 cargos de distintos departamentos del Ejecutivo de Camps, el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, manifestó ayer su deseo de que la investigación del caso Gürtel "sirva para que se dilucide hasta la última de las consecuencias y hasta la última de las responsabilidades". El dirigente de los socialistas valencianos dijo que confía "en el poder judicial, en el estado de derecho, en los fiscales y en los órganos jurisdiccionales".
Alarte dijo que "cada día que pasa sin que dimita Camps es un día que debilita las instituciones y la credibilidad de la democracia". "Debió haber dimitido hace mucho tiempo", remató.
