La abogada general del Tribunal de Justicia de la UE, Juliane Kokott, no ve razones para cuestionar la autonomía del País Vasco para decretar las "vacaciones fiscales", pero cree que corresponde a la Justicia vasca decidir si las medidas del 2005 fueron o no contrarias a la legislación de la Unión.
En sus conclusiones presentadas hoy en Luxemburgo en relación con el recurso presentado contra las ventajas fiscales a las empresas decididas por las tres Haciendas vascas en 2005, Kokott considera que debe ser el Tribunal de Justicia vasco el que determine si fueron o no "selectivas" y, por lo tanto, si constituyeron ayudas de Estado prohibidas por el Tratado comunitario.
Kokott recuerda la jurisprudencia del Tribunal de la UE según la cual, en el caso de medidas fiscales de una entidad regional o local, cuando tal entidad posee "suficiente autonomía", un régimen que beneficia de la misma manera a todas las empresas establecidas en el territorio de dicha entidad "puede constituir una medida general y no selectiva", que no constituye pues una ayuda de estado.
