UPyD ha calificado de "aberración jurídica" la petición que ha hecho la Fiscalía Anticorrupción a la Audiencia Nacional para que revoque la investigación iniciada por el juez Fernando Andreu sobre la comercialización de preferentes.
En declaraciones a Efe, el secretario general del grupo de UPyD en el Congreso, Andrés Herzog, ha dicho que se opondrá a este recurso presentado por la Fiscalía ante la sección tercera de la sala de lo penal para que anule los autos dictados por Andreu en los que admitía varias querellas sobre este asunto, así como el inmediato inicio de la investigación.
Para Herzog, autor de una de esas querellas, "es inaudito el esfuerzo que está haciendo la Fiscalía para impedir una investigación de la presunta estafa de las preferentes", ya que inicialmente se opuso a que el magistrado las admitiera a trámite por considerar que no hubo engaño en su venta.
El letrado critica además que intente hacer cambiar de criterio a la Audiencia Nacional, que ordenó a Andreu investigar las preferentes e incorporarlo a la causa en la que instruye la fusión y salida a bolsa de Bankia, y que pida medidas extraordinarias, como que sea el pleno el que resuelva su recurso.
La investigación emprendida por Andreu abarca al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, seis miembros del consejo de administración -entre ellos Gerardo Díaz Ferrán-, otros ocho altos cargos de esta entidad y Bancaja, así como contra sus filiales, Bankia, y su matriz, BFA.
Anticorrupción cree que, ante la "previsibilidad de que se planteen en el futuro cuestiones de similar contenido", debe ser el pleno el que "decida el cauce por el que deberán dilucidarse las eventuales cuestiones que se susciten ante la sala", por lo que reclama la celebración de una vista oral previa.
Para Herzog, el recurso de la Fiscalía es además "confuso y, a ratos, incomprensible".
"Decir que el inexistente mercado de las preferentes "era adecuado en la realidad económica española hasta 2008 o 2009" es tanto como decir que un estafa piramidal es legítima siempre que sigan entrando nuevos compradores o inversores que eviten el descubrimiento del fraude", ha recalcado el letrado.
Por ello, considera esta postura "una aberración jurídica", al igual que se haya amparado en la "supuesta complejidad" de la causa para negarse a investigar las preferentes.
Según la Fiscalía, una investigación general sobre un delito de estafa cometido supuestamente por los empleados de las entidades "supondría convertir esta investigación en un paradigma de macro-causa ingobernable" con "cientos de imputados" que vendieron estos productos en "circunstancias diversas para cada caso" y "miles de testigos" que las adquirieron.
