Tras más de 10 meses de Gobierno en funciones, la nueva coalición PSOE-Podemos tiene una larga lista de tareas pendientes en materia social, si se lleva a la práctica la promesa que formuló Pedro Sánchez de que los «valores progresistas van a inspirar su acción». Son medidas incluidas en los programas electorales, en el acuerdo programático y, en muchos casos, ya iniciadas durante los escasos meses de Ejecutivo socialista pero que, dado el adelanto electoral y la confrontación política, no vieron la luz. Tampoco se prevé que decisiones como la de derogar la LOMCE o reformar los delitos sexuales tengan ahora el camino despejado, debido a la fragmentación parlamentaria y la feroz oposición de la triple derecha. Pero las necesidades no esperan. Las organizaciones no gubernamentales y los expertos apuntan en esta lista los temas urgentes.
IGUALDAD
Un gran pacto contra el maltrato
El vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, ha situado la reforma de los delitos sexuales, destinada a acabar con la diferencia entre abuso y agresión y llevar al Código Penal el solo sí es sí, entre las primeras medidas a aprobar. Y las organizaciones feministas lo apoyan. Según Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, urge acabar con la «gran confusión» y el «margen de interpretación» que permite el Código Penal. Asimismo, pide implantar medidas que impulsen la corresponsabilidad en los cuidados y la educación sexual. Por su parte, la directora de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, apunta que lo bueno de las políticas feministas es que la agenda «es grande pero ya está definida» y en este sentido afirma que es «absolutamente prioritario recuperar el ritmo y el tiempo perdido» en la puesta en marcha del pacto contra la violencia de género, que contiene más de 200 acciones.
EDUCACIÓN
La derogación de la polémica LOMCE
Todas las medidas incluidas en el acuerdo PSOE-Podemos son «importantes», a juicio del secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Francisco García. Pero de ellas hay tres que resultan «imprescindibles». La primera es aumentar la inversión en educación para volver a los niveles precrisis. «Actualmente, la inversión supone el 4,1% del PIB y se debería pasar al 5,1%. Sin recursos no hay resultados», concluye. La segunda es la derogación de la LOMCE. Para ello, la norma cocinada por el equipo de Isabel Celaá -guardada en un cajón por el adelanto electoral- tiene, en opinión de García, aspectos a mejorar. «Queremos aportar nuestras ideas. No nos parece bien que la ley no diga ni una palabra del profesorado». La tercera medida urgente es la revisión de la profesión docente para adaptarla al siglo XXI. «Estamos en una sociedad tecnológica y cambiante. En las aulas se deberían aumentar las competencias y disminuir los contenidos».
MEDIO AMBIENTE
Descarbonización y renovables
La primera misión del nuevo Gobierno será remitir a la Comisión Europea la versión definitiva del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que marcará la hoja de ruta para la descarbonización en la próxima década. El documento ya llega tarde. Tenía que haber sido entregado antes de que finalizara el 2019 y Bruselas presiona para recibirlo lo antes posible, lo que hará complicado consensuarlo con Podemos. También están pendientes la declaración de emergencia climática y la ley de cambio climático, cuyo anteproyecto pasó por el Consejo de Ministros pero no puedo tramitarse. Cuestiones consideradas claves como el ritmo de implantación de las energías renovables y el calendario de la eliminación de los coches de combustión figurarán en estos documentos.
VIVIENDA
La limitación de los precios abusivos
En el documento del Gobierno de coalición figura la polémica limitación de los precios del alquiler que ya constaba en el pacto de la moción de censura pero que el PSOE incumplió por la oposición de la ahora vicepresidenta económica, Nadia Calviño. Podemos exigirá que sea una prioridad dado que requiere una reforma legal que facultaría a los ayuntamientos para llevarla cabo. Madrid ya ha anunciado que no la aplicará. El Ejecutivo también debería aumentar el presupuesto para promover vivienda pública de alquiler social, como figura en el acuerdo y como reclaman todos los expertos.
SANIDAD
Fin de los copagos y atención universal
Aunque la sanidad y los servicios sociales están trasferidos a las autonomías, el nuevo Gobierno se ha marcado bastantes objetivos, entre ellos el reducir en un 75% las listas de espera de la dependencia. Para el portavoz de la Federación para la Defensa de la Sanidad Pública, Marciano Sánchez, lo que más urge es acabar con los copagos introducidos por el PP en el 2012, que han motivado que 1,4 millones de personas dejen de comprar medicinas prescritas. Y para el presidente saliente de la Sociedad Española de Salud Pública, Joan Ramón Villalbí, es prioritario recuperar de una vez por todas «la vocación universal del sistema de salud», aprobando un reglamento que cierre la puerta a las exclusiones de inmigrantes sin papeles que todavía practican algunas comunidades autónomas.
ABORTO
Revertir la reforma de Ruiz Gallardón
Las menores de 16 y 17 años, las inmigrantes sin tarjeta sanitaria y las mujeres cuyo médico se ha declarado objetor de conciencia son los colectivos que se encuentran con más problemas para poder ejercer su derecho a la interrupción del embarazo. La reforma legislativa que introdujo el PP en el 2015, de manos del entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, debería ser revocada con cierta urgencia para asegurar, al menos, que las jóvenes de entre 16 y 18 años pueden abortar sin necesidad de que sus padres den el consentimiento.
INMIGRACIÓN
Un nuevo modelo de acogida y de asilo
En materia de inmigración, las medidas contenidas en el acuerdo programático no incluyen algunas de las principales demandas de las oenegés, como el fin de las devoluciones en caliente o el cierre de los centros de internamientos (CIE). Sí que incorpora la elaboración de una nueva ley de asilo y la modificación del sistema nacional de acogida e inclusión de solicitantes de protección internacional, que está colapsado, con solicitudes que pueden demorarse hasta dos años. Por ello, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) propone cinco medidas urgentes: la formalización de solicitudes de forma inmediata y la resolución de las 100.000 pendientes, un pacto de Estado por el derecho de asilo, un protocolo unificado de actuación, la puesta en marcha de vías legales para obtener protección internacional y el fin de las devoluciones en caliente. Además, queda pendiente la reforma del sistema de acogida de los menores no acompañados.
INFANCIA
Erradicar los abusos contra los niños
Por último, el pacto de Gobierno incluye varias de las propuestas realizadas por las organizaciones implicadas en la defensa de los derechos de los menores. Entre ellas, la ley contra la violencia en la infancia, que Save the Children y Unicef piden que se apruebe en el primer Consejo de Ministros. «Es inadmisible que una de cada dos denuncias por abusos sexuales tenga a un menor como víctima. No podemos dar la espalda a los niños y niñas que sufren abusos, violencia o acoso», señala Andrés Conde, director general de Save the Children. Ambas oenegés solicitan que se aumente la prestación por hijo a cargo y se universalice la educación infantil de cero a 3 años.
