Mañana se cumple un año de la concesión de la libertad condicional al etarra Iosu Uribetxebarria Bolinaga al estimar la Audiencia Nacional que su cáncer no podía ser tratado en prisión, un argumento que sigue sin convencer a las víctimas del terrorismo a la espera de un nuevo reconocimiento médico.
Fue el 30 de agosto del pasado año cuando el juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, concedió la libertad condicional a Uribetxebarria Bolinaga, enfermo de cáncer de riñón, en virtud de "los principios de humanidad y derecho a la dignidad".
Su excarcelación era el último de los pasos dados semanas antes por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Primero, el 1 de agosto, acordaba trasladar al secuestrador del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara y asesino de tres guardias civiles desde el centro sanitario de referencia de la cárcel de León hasta el Hospital Donostia de San Sebastián.
Dos semanas después, Prisiones otorgaba el tercer grado a Bolinaga, que mantenía desde comienzos de mes una huelga de hambre para reclamar su puesta en libertad y que fue respaldada intermitentemente por una treintena de presos, entre ellos el exportavoz de Batasuna Arnaldo Otegi y el histórico dirigente de ETA Francisco Múgica Garmendia, "Pakito".
En pleno debate político, judicial y médico sobre el alcance de su enfermedad y en contra del criterio de la Fiscalía, el juez de Vigilancia Penitenciaria dictaba el auto de concesión de libertad condicional el 30 de agosto, dos días después de visitar en San Sebastián al recluso y citarse con los oncólogos que le atendían.
Aunque la defensa de Bolinaga se apresuró a exigir la excarcelación inmediata, la decisión de Castro todavía no era firme en espera de que las partes recurrieran.
La Fiscalía lo hizo y no fue hasta el 12 de septiembre de 2012 cuando la sección primera de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional confirmó la libertad condicional con las siguientes reglas: Bolinaga no puede acercarse al domicilio y lugar de trabajo de sus víctimas o de los familiares directos de éstas ni participar "de forma activa o pasiva" en manifestaciones públicas de enaltecimiento o legitimación de la violencia, especialmente de ETA.
Tiene prohibido además hacer declaraciones "de esa naturaleza" o que conlleven "desprecio o desconsideración" de las víctimas del terrorismo o pudieran ofender sus sentimientos.
Condiciones de una libertad que Bolinaga recibió en la habitación penitenciaria del hospital, custodiada por la Policía, y que abandonó 24 horas después para ser trasladado a otra planta y ser tratado, ya sin presencia policial, como cualquier otro paciente ingresado.
Ya en su domicilio de Mondragón (Guipúzcoa), la polémica se mantuvo después de que la AVT presentara una querella contra el propio Bolinaga y las personas que participaron en su recibimiento el 23 de octubre.
La denuncia de las víctimas del terrorismo se sumaba a las numerosas muestras de rechazo y desacuerdo a la concesión de una libertad que califican de "injusta e incomprensible" y que se acrecentaron cuando, un día después de salir del hospital, se vio a Bolinaga paseando por las calles de Mondragón y, según algunos, de vinos.
Adormecida la polémica durante meses, el pasado mes de junio Bolinaga volvía a protagonizar la actualidad a raíz de un informe del Colegio de Médicos de Madrid que concluía que su cáncer podía tratarse en prisión.
Tras ello el Ministerio del Interior pidió un nuevo informe médico para actualizar el estado de salud del etarra y el Hospital Donostia mantuvo el diagnóstico original que motivó la libertad condicional.
No conformes con esta evaluación, la AVT pidió un nuevo informe que la Fiscalía de la Audiencia Nacional también solicitó con el objetivo de recalcular la esperanza de vida del etarra, que fue concedido por el juez Castro y solicitado a los equipo de forenses de éste órgano judicial.
Pese a que Bolinaga rechazó ser reconocido por ellos, el juez de Vigilancia Penitenciaria no aceptó el recurso de la abogada del terrorista y a día de hoy todavía está pendiente ese reconocimiento médico.
Un año después de la concesión de la libertad tercer grado, la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza exige que los forenses de la Audiencia Nacional realicen ya esas pruebas médicas que han demandado el juez, ya que de no hacerlo, supondrá un acto de desobediencia a la autoridad judicial que "no se debe permitir".
