Tal y como había advertido, el Gobierno de la Comunidad Valenciana anunció ayer que recurrirá contra el Estatuto de Cataluña. El motivo argüido por el portavoz, Vicent Rambla, es que la norma "se arroga competencias en la gestión de los recursos sobrantes del río Ebro que corresponden al Estado".
Según Rambla, no puede haber comunidades que de manera unilateral establezcan criterios de explotación de un río que discurre por varios territorios. "Para ello ya están las confederaciones hidrográficas", apostilló.
La tesis del ejecutivo de Francisco Camps (PP) es que actúa "en defensa de los intereses valencianos" y de su Estatuto de autonomía, que recoge el derecho al suministro de agua más allá del consumo humano básico.
La ofensiva se enmarca en la larga batalla por el trasvase del Ebro que el Gobierno central derogó hace dos años. La aspiración a nuevos suministros ha quedado en segundo plano y la idea del trasvase sirve más como ariete contra los socialistas locales cara a las autonómicas del 2007. El PP aduce la incapacidad del PSPV para enfrentarse a una supuesta inquina de Zapatero hacia los valencianos.
Pero esta visión tiene un punto débil. El acuerdo del Estatuto aragonés, pactado con apoyo del PP, prevé una reserva de agua del Ebro de más de 5.000 hectómetros cúbicos que imposibilitaría trasvases futuros. Rambla no quiso cargar contra sus compañeros, pero aseguró que si Aragón aprueba un Estatuto así, también habrá recurso.
QUINIELAS CATALANAS En Cataluña, mientras, vuelven a repetirse las quinielas sobre posibles pactos que aúpen a un u otro partido hasta la presidencia de la Generalitat. Si bien el líder de CiU, Artur Mas, se ha cuidado mucho de proponer un acuerdo con ERC por la mala imagen que arrastra, su secretario general, Josep Antoni Duran Lleida, abrió ayer "las puertas" a un posible pacto.
