La primera sesión del juicio por la titularidad del Pazo de Meirás arrancó ayer con la declaración de varios testigos que confirmaron el uso de personal y medios públicos para el mantenimiento del inmueble durante la dictadura y la presencia de un guardia civil a sueldo del Estado ya en democracia, hasta 1990. Con estos testimonios, el Estado, Xunta, Diputación y los ayuntamientos de Sada y La Coruña pretenden sustentar el argumento de que la propiedad funcionó como residencia oficial durante toda la dictadura y que es por tanto un bien de dominio público.

La segunda ronda de testigos, solicitados por los abogados de la familia Franco, ahondó en que el pazo quedó abandonado tras el incendio del 1978 y que fueron los herederos del dictador los que sufragaron su reconstrucción. Uno de ellos, suegro de una nieta de Franco que está denunciada en este proceso, Fernando Quiroga y Piñeyro, aseveró que llegaron a pedirle ayuda económica al entonces presidente de la Xunta, Manuel Fraga, para sufragar las obras de rehabilitación y que este se negó a aportar fondos.

El primer testigo en declarar en la sesión de ayer en el Juzgado de Primera Instancia de La Coruña fue un guardia civil jubilado, José Suárez, de 80 años, que afirmó que había prestado servicios entre 1982 y 1990 en el pazo realizando labores de vigilancia y mantenimiento y a sueldo de la Guardia Civil.

Tras su declaración fue el turno de un vecino de Meirás, Juan Pérez Babío, de 70 años, nieto de una mujer que fue «expulsada» de su casa para ampliar la finca del pazo, que relató que era frecuente la presencia de personal de Comandancia de Obras y del Ayuntamiento de La Coruña para realizar arreglos y adecentar los jardines. «Había periodos en los que trabajaban hasta treinta personas», relató y añadió: «Había cantidad de jardines y estaban muy bien cuidados. Yo creo que iban cinco o seis jardineros del Ayuntamiento de La Coruña desde los años cincuenta hasta la muerte de Franco».

labores / Contó también que el Ejército colaboró en las tareas de extinción del incendio del 1978. Este segundo testigo confirmó también la existencia de una explotación agropecuaria en el interior del pazo que gestionaban unos guardias hortelanos que, en determinadas épocas del año, contrataban como refuerzo a labradores y peones de Sada. «Eran los guardias los que pagaban en monedas contantes y sonantes», relató este vecino de Meirás. Pérez Babío relató que «a mi abuela la expulsaron de su casa», afirmó. Negó guardar «animadversión ninguna» hacia los herederos de Franco, pero reconoció que tenía «interés en que esto revierta en el patrimonio público». Durante su intervención, Pérez Babío explicó que a su abuela «la terminaron presionando y se tuvo que marchar» de su casa. «Esto la marcó para toda su vida», lamentó.

El último testigo a petición de los demandantes fue un funcionario de La Coruña, Antonio Abad, que confirmó que el Ayuntamiento coruñés enviaba jardineros y canteros para realizar labores de mantenimiento en el pazo durante la dictadura. .

Tras las declaraciones de los testigos de la Abogacía del Estado y las otras administraciones personadas, fue el turno de los Franco. El primero en declarar en su calidad de «amigo de la familia» fue el alcalde de Sada entre 1979 y 2007, Ramón Rodríguez Ares (que gobernó bajo las siglas del PP y del PDSP). El exregidor relató que fueron los descendientes de Franco, al que se refirió como «el Caudillo», los que pagaron la rehabilitación del pazo y los que asumían el pago del IBI. Contó que tras fallecer Franco, la Diputación intentó comprar el inmueble y que él mismo había asistido a varias reuniones junto a Carmen Franco y el marqués de Villaverde para negociar la venta.

A consulta de los demandantes, Ares dijo no recordar si los Franco habían tramitado la licencia de obras de rehabilitación: «Supongo que la pidieron pero no me acuerdo bien». Sobre si llegó a ser apoderado de los herederos del dictador, replicó: «No, lo único fue cuando se interesaron por unas propiedades. Yo era amigo de ellos y si me pedían alguna gestión, la hacía si podía». El exalcalde afirmó no recordar la presencia de guardias civiles en el pazo tras la muerte de Franco.

El último en declarar fue Fernando Quiroga y Piñeyro, suegro de Arancha Martínez-Bordiú (una de las nietas de Franco). «El pazo a Carmen le costó mucho dinero», afirmó.