En Ferraz sonó muy mal aquel aviso de Iñigo Urkullu en el sentido de que no afrontar un proceso de diálogo para dilatar el mutuo reconocimiento que socialistas y aberzales del PNV establecieron en Loyola durante el frustrado proceso de paz podría abocar en el futuro a un choque de trenes. La imagen no es nada reconfortante, pero tras la publicación de la ley de consultas en el Boletín Oficial del País Vasco y el recurso al Constitucional, la vía echa humo.

Se ha convertido en una nefasta costumbre que las vías de interlocución institucional entre Euskadi y Madrid estén sirviendo más para el encontronazo que para el encuentro. En la dirección aberzale cunde hoy el mismo sentimiento que experimentó aquella que le precedió en el 2000 y que también vivió un deterioro de las relaciones con el partido y el Ejecutivo gobernante con el cambio de legislatura. Existe el riesgo de acuñar el mismo grado de desconfianza hacia este PSOE de Zapatero tras su mayoría holgada que la que se fraguó hacia el PP de Aznar con su mayoría absoluta.

La imagen que transmite la actualidad política vasca es la de que no cabe más que esperar a las elecciones de primavera del 2009. Bien porque el equilibrio de fuerzas se modifique o bien porque se vea ratificado, hasta el nuevo panorama se anticipan meses de encefalograma plano en la política con mayúsculas, resignados todos a un choque de trenes engañosamente amortiguado por lo previsible que resulta. Pero el choque es grave. Lo es en tanto que está aceptado por todos desde tiempo atrás, y lo es por recurrente. Fue asumido como inevitable tras las elecciones del 9 de marzo, donde el PNV se jugó a una carta la disposición socialista al diálogo en función de su necesidad de nuevos socios en el nacionalismo. Solo salió la mitad de la ecuación y la debilidad por la izquierda sirvió para reforzar el grupo parlamentario del PSOE. Manos libres en lo inmediato que alimentaron el gesto de enseñarlas limpias de compromisos, que era lo que pretendía una hoja de ruta del lendakari, que tampoco ofrecía plan B. Pero, además, el choque es recurrente, porque es idéntico al de la reforma del Estatuto en el 2005. Entonces se simplificó erróneamente su dimensión mediante rodillo en el Congreso y desprecio en las formas. Aquello de calificar despectivamente plan Ibarretxe a una reforma legal aprobada por la mayoría del Parlamento vasco fue frívolo, y lo es ahora otra vez.

Anticipando la confrontación de mañana, pocos parecen pensar en la gestión social, política, económica y antiterrorista de pasado mañana. Y para cuando se retiren los hierros retorcidos de la vía hará falta más que las sistemáticas insistencia aberzale e indolencia socialista.