Vox ha presentado esta tarde sus 19 propuestas a negociar con el PP para apoyar la investidura del candidato popular Juan Manuel Moreno Bonilla en Andalucía con un documento de máximos en el que, entre otras medidas, reclaman la expulsión de los 52.000 inmigrantes sin papeles que la administración regional tiene identificados pero cuya documentación no comparte con la Policía. Asimismo, exigen una declaración institucional de la Presidencia de la Junta en contra del modelo de autogobierno y a favor de la apertura de un proceso nacional de devolución al Estado de las competencias de Educación, Sanidad, Justicia y Orden Público.
Fuentes del PP han asegurado que se trata de un documento "inaceptable" y que "varios de los puntos son un auténtico despropósito" que la formación conservadora "no puede respaldar". "Con este documento Vox demuestra que no quiere un acuerdo", ha declarado un portavoz de Génova. "Si Vox no cambia su posición, estará desperdiciando una oportunidad histórica para que haya un cambio en Andalucía después de casi 40 años de socialismo", ha continuado. "A Vox parece importarle más Vox que los andaluces", ha sentenciado.
El documento, de seis páginas, ha sido facilitado justo al inicio de la reunión de la comisión negociadora de Vox con los representantes del PP, entre ellos su secretario general, Teodoro García Egea. Los 12 votos de los diputados de Vox son la clave que garantiza la investidura de Moreno, ya que los 47 apoyos que suman PP y Ciudadanos se revelan insuficientes frente a los 50 que suman PSOE y Adelante Andalucía. Por eso los populares se han mostrado desde el primer momento proclives a alcanzar algún acuerdo con ellos, aunque algunas de las medidas recogidas en este documento serían de difícil entendimiento entre sus votantes. Más aún entre los de Ciudadanos, el tercer actor en juego aunque haya tratado de desmarcarse del apoyo de la formación de ultraderecha.
Derogar la ley de violencia machista
Las primeras medidas de la propuesta trasladada esta tarde por la ejecutiva de Santiago Abascal son toda una declaración de intenciones, pese a que apenas unas horas antes habían asegurado que “sus únicas líneas rojas son las de la bandera de España”. Reclaman el rechazo expreso al autogobierno y el modelo autonómico, la derogación de las leyes de violencia de género y su sustitución por una ley de Violencia Intrafamiliar, la supresión de la ley de memoria histórica y la de no discriminación del colectivo LGTBI, porque “España no es un país homófobo que necesite leyes especiales” o la de promoción de la igualdad de género, que “interviene totalitariamente en la sociedad” porque la igualdad de las mujeres ·está garantizada en España desde hace décadas”.
Asimismo, en materia de inmigración ilegal, piden suprimir las ayudas a los inmigrantes ilegales para así “terminar con el efecto llamada” y promover la ilegalización de las asociaciones que “favorecen la inmigración ilegal”, asumiendo la tesis de que las oenegés “cooperan con las mafias de tráfico de personas”. Y acusa a la Junta de Andalucía de favorecer este escenario y “encubrir la inmigración ilegal” pues, dice Vox, “posee la documentación necesaria para la expulsión de 52.000 inmigrantes ilegales y no la comparte con la Policía”. En este apartado de inmigración incluyen también el denominado “turismo sanitario”, que buscan evitar en colaboración con policías y embajadas.
Asistencia a andaluces
El documento incluye también una propuesta para garantizar asistencia legal y económica a los andaluces que viven “en otras regiones de España” para “evitar que se vean obligados a escolarizar a sus hijos en una lengua regional”, además de combatir que sufran algún tipo de discriminación laboral por su lengua.
En materia educativa, la formación ultraderechista no solo promueve la libre elección de centro y que cese el “hostigamiento” contra la educación diferenciada, sino que se mete incluso en la libertad de cátedra, al pedir “garantía de que los centros de formación no difundirán ninguna ideología que niegue hechos científicos indubitados, con especial atención a la biología”.
El documento incluye asimismo medidas de carácter económico muy similares a las ya pactadas entre PP y Ciudadanos, como la reducción de la estructura paralela o reducción de costes en la televisión autonómica (antes pedían su eliminación), además de la rebaja impositiva. Por último, la formación de ultraderecha hace una encendida defensa de la tauromaquia, la caza o la Semana Santa, pidiendo leyes de protección para estos sectores, y solicita que el día de la fiesta regional, fijada hasta ahora en el 28 de febrero, fecha en la que se votó el referendo de autogobierno en 1980, se cambie al 2 de enero, dia de la Toma de Granada y “culminación de la Reconquista”.
