Empieza el proceso de paz. Por fin, Zapatero anunció ayer un diálogo con ETA ajeno a las "cuestiones políticas" que, si culmina en la paz definitiva, abrirá paso a un nuevo "acuerdo político de convivencia" en Euskadi. La declaración provocó un alud de muestras de apoyo de amplios sectores de la sociedad vasca, española y destacados líderes internacionales. Solo el PP y la AVT recelaron de la decisión de contactar con ETA. Rajoy asumió que "hay que intentarlo", pero negó su apoyo a un "proceso" que incluya hablar con Batasuna.
El presidente eligió una declaración institucional en sede parlamentaria para establecer solemnemente en qué consistirá el diálogo y cuál es su finalidad. "El Gobierno va a iniciar un diálogo con ETA manteniendo el principio irrenunciable de que las cuestiones políticas solo se resuelven con los representantes legítimos de la voluntad popular". Y para avanzar que el futuro de Euskadi deben decidirlo los ciudadanos vascos libremente, mediante los procedimientos legales vigentes y en "ausencia total de violencia". El anuncio se produjo el mismo día en que el CIS reveló que el terrorismo ha pasado del tercer al quinto puesto en la lista de preocupaciones de los españoles.
Zapatero respetó el tiempo, pero no la forma que había prometido. Realizó el esperado anuncio antes de que finalizara junio, pero no lo hizo en el pleno del Congreso, sino ante los medios de comunicación.Previamente, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se había reunido con los portavoces para consensuar la fórmula del anuncio.
La cuestión de la forma pasó a segundo plano en cuanto terminó el discurso de Zapatero. El presidente repasó los anteriores intentos de sus predecesores en la Moncloa para erradicar la violencia, y reconoció que tanto Felipe González como José María Aznar lo hicieron "manteniendo el principio esencial de que la democracia no va a pagar ningún precio político por alcanzar la paz". Así será también esta vez, aclaró. Y añadió que el Gobierno mantiene "un compromiso absoluto con los valores y principios de la Constitución".
El presidente se dio un plazo de tres meses para rendir cuentas de los contactos ante la ciudadanía. Será a finales de septiembre cuando el Gobierno informará en el Congreso de si se ha logrado convertir el alto el fuego en definitivo. Voluntad no le falta: "Como presidente del Gobierno asumo la responsabilidad de colmar el anhelo de paz y la exigencia de respetar y reconocer a las víctimas del terrorismo y sus familias".
Buena parte de su intervención se centró en el futuro "acuerdo de convivencia" en el País Vasco, una "normalización" que planteó como consecuencia de que el proceso de paz culmine con éxito. Zapatero eligió ayer cuidadosamente los términos de su declaración, copiados de los pactos de Madrid y de Ajuria Enea y utilizados por José María Aznar en 1998 cuando afrontó la negociación con ETA.
Ese acuerdo de convivencia, al igual que el diálogo con ETA, tiene reglas irrenunciables. Zapatero anunció que el Gobierno "respetará las decisiones que los ciudadanos vascos adopten libremente, respetando las normas y procedimientos legales, los métodos democráticos, los derechos y libertades de los ciudadanos y en ausencia de todo tipo de violencia y de coacción".
Para dejar claro que es Batasuna la que debe viajar hacia la legalidad si quiere participar en ese "acuerdo de convivencia", reiteró la "vigencia" de la ley de partidos. Y añadió en claro mensaje a los de Arnaldo Otegi que esta es su "oportunidad" si aceptan "las reglas de juego".
Alegría de Batasuna
El partido ilegalizado recibió con alborozo el anuncio del presidente de "respetar la voluntad de los vascos", aunque obvió que esa voluntad solo será libre cuando no haya violencia, y que su expresión debe someterse a los cauces legales establecidos.
Rajoy rehusó interpretar que la referencia al marco político de convivencia escondiera una cesión a las pretensiones expresadas por Batasuna. Ayer se limitó a reiterar las líneas rojas que Zapatero no debe cruzar si quiere recuperar su apoyo
