José Luis Rodríguez Zapatero pretende involucrar al PP de Mariano Rajoy en las reformas de la Constitución, los estatutos y la financiación autonómica. El presidente, según fuentes oficiales, ofrecerá al líder del PP alcanzar un "acuerdo básico" sobre los límites de la reforma de la financiación para así garantizar el máximo consenso en la conferencia de presidentes prevista para julio. Ello, pese a la negativa del presidente catalán, Pasqual Maragall, a negociar en ese foro las bases del nuevo modelo.

Aunque las diferencias sobre el perfil de los respectivos interlocutores frustraron el acuerdo de crear una comisión PSOE-PP sobre el modelo de Estado, Zapatero mantiene abiertos los cauces de comunicación con Rajoy. Consciente de que la anunciada reforma constitucional naufragará sin el "imprescindible" concurso del PP, el presidente considera "muy necesario" implicar a Rajoy en los cambios estatutarios y, a corto plazo, en la mejora del sistema de financiación.

NEUTRALIZAR AL TRIPARTITO Con su propósito de tender la mano al PP, además, el Ejecutivo intenta amortiguar el choque con la Generalitat y que sean las autonomías del PP y del PSOE las que neutralicen las demandas financieras del tripartito.

El actual clima de tensión entre socialistas y populares no permite presagiar grandes consensos, pero el jefe del Ejecutivo confía en que todo cambiará tras las elecciones gallegas del 19 de junio. Convencido como está de que Manuel Fraga perderá el poder, Zapatero espera que este nuevo revés en las urnas, junto al largo periodo sin elecciones que se avecinan, brinde argumentos a Rajoy para convencer al PP de que debe abrir una etapa de oposición útil.

Según el Gobierno, no quieren cerrar con el PP un modelo, sino acordar los grandes principios que deben inspirarlo: qué tributos pueden gestionar las comunidades, con qué capacidad normativa, y qué impuestos recaudarán las agencias tributarias autonómicas, entre otros. En suma, los límites de la reforma.

LA OFERTA Según fuentes gubernamentales, el Ejecutivo rechaza de plano dos de las demandas de la Generalitat catalana: la cesión del impuesto de sociedades, que a su juicio rompería "la unidad de mercado", y delegar en las autonomías la recaudación de todos los tributos, pues estima que el Estado debe gestionar su "espacio fiscal". La oferta del Gobierno puede incluir la revisión del censo real de población, el aumento de los tramos autonómicos de algunos impuestos --IRPF, IVA y especiales-- y la ampliación de la capacidad normativa para que las comunidades puedan subirlos.