Cuando anunció que la estructura de su nuevo Gobierno sería "más funcional", José Luis Rodríguez Zapatero dejó entrever la existencia de disfunciones en el actual organigrama. Quienes tratan a menudo con Zapatero aseguran que se lo está pasando de lo lindo con las quinielas periodísticas sobre su nuevo Gobierno, que atribuye al nerviosismo de los ministros no confirmados y de los aspirantes no contactados. Su íntima satisfacción, se malician en su partido, se asemeja a la que experimentaba José María Aznar cuando jugaba al despiste sobre los relevos ministeriales, exhibiendo su célebre cuaderno azul como símbolo del poder que atesoraba. Pero, más allá del componente lúdico de estas cábalas, lo cierto es que las pistas que Zapatero ha brindado a sus interlocutores sí permiten esbozar la estructura gubernamental que está pergeñando, e incluso la identidad de quienes podrían completar el organigrama.

CAMBIOS DE FUNCIONES A los vicepresidentes Teresa Fernández de la Vega y Pedro Solbes los ha confirmado como "pilares" de su nuevo Ejecutivo, pero los fundamentos de ambos variarán sensiblemente. Si Solbes asumirá competencias como turismo, comercio o energía, hasta ahora bajo el paraguas de un Ministerio de Industria en fase de liquidación, De la Vega ha pactado con Zapatero potenciar sus atribuciones como portavoz --con mayor proyección pública que en la pasada legislatura-- y coordinadora del Gobierno a cambio de desembarazarse de otras de carácter más burocrático, inherentes a la cartera de Presidencia que ahora ocupaba.

La más conocida, aunque no la única, es la presidencia de la Comisión de Subsecretarios, que cada jueves congrega a altos cargos de todos los ministerios para analizar la marcha de las iniciativas en curso y preparar el orden del día del Consejo de Ministros. En los últimos meses, la vicepresidenta ha delegado esta misión en José Enrique Serrano, jefe del gabinete de Zapatero con rango de secretario de Estado. Hasta 1996, Serrano ejerció esa misma responsabilidad a las órdenes de Felipe González.

Pero, además de recompensar a Serrano con la cartera de Presidencia, Zapatero pretende matar dos pájaros de un tiro al fusionar este ministerio con el de Administraciones Públicas, que de este modo se ubicaría en la Moncloa. Su objetivo es estrechar el control sobre la política territorial --nuevos estatutos y reforma de la financiación autonómica, cuestiones muy sensibles para el PSOE-- y, de paso, garantizar una interlocución única y coherente con la Generalitat de Cataluña a la hora de negociar el Estatut. Las fuentes consultadas aseguran que esta tarea se centralizará en la Moncloa incluso si el presidente renuncia a fundir ambos ministerios. Se evitarían así desencuentros como el del pasado enero, cuando el empecinamiento de la ministra Magdalena Alvarez, impidió sellar el traspaso de Cercanías.

La inclusión del jefe de gabinete de Zapatero en esta nueva quiniela gubernamental eleva a tres las incorporaciones seguras --las otras dos son Soledad López en Defensa y Miguel Sebastián en el nuevo Ministerio de Innovación-- y deja en ocho las casillas marcadas con el uno de la continuidad: De la Vega (vicepresidenta y portavoz), Solbes (vicepresidente económico), Miguel Angel Moratinos (Exteriores), Alfredo Pérez Rubalcaba (Interior), Mariano Fernández Bermejo (Justicia), César Antonio Molina (Cultura, y quizá Educación), Bernat Soria (Sanidad) y Carme Chacón (pendiente de destino).