El esfuerzo será mayúsculo. Otra cosa es si el Gobierno será capaz de conseguir su objetivo, pero se juega mucho en ello. El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero desea cerrar el modelo de financiación antes del debate sobre el estado de la nación en el Congreso, fijado para los próximos 12 y 13 de mayo, a ocho días del inicio de la campaña de las elecciones europeas. Con un acuerdo con los gobiernos autonómicos, Zapatero podría atemperar un debate muy marcado por la crisis económica y por la desconfianza del resto de los grupos en la soluciones que pueda proponer.
Fuentes del Ejecutivo admiten que "ese es el objetivo", aunque no se atreven, esta vez, a dar nada por hecho. En cualquier caso, se trata de una presión añadida, de un compromiso que ya es ineludible, para permitir una salida parlamentaria al Gobierno, ahogado por la falta de apoyos en el Congreso. Si Zapatero llega el día 12 con un acuerdo bajo el brazo, los partidos catalanes, ERC e ICV (4 diputados) --difícilmente CiU (10 escaños)--, darán un respiro al Ejecutivo --le faltarían solo tres votos para armar su mayoría de geometría variable--, que teme un aluvión de propuestas de resolución que deje al PSOE en minoría.
NEGOCIACION PARALELA El tiempo apremia. Y lo más importante para el Gobierno en estos momentos es el acuerdo con la Generalitat de Cataluña. Si llega en los próximos días, y con una negociación en paralelo con otras autonomías, el paso siguiente sería tratar de lograr el acuerdo con las comunidades del Partido Popular. Y la de Madrid, con Esperanza Aguirre al frente, es la más proclive a aceptar el modelo propuesto por el Gobierno. Por dos motivos. El primero porque lo que vaya bien a Cataluña le irá muy bien a Madrid, con una estructura económica similar. Y en segundo lugar, y no menos importante, porque Aguirre puede anticiparse y condicionar el no previsible de Mariano Rajoy a la oferta del Gobierno, aunque sea favorable a las autonomías ricas del PP.
De todo ello es consciente el Gobierno de Zapatero. Formalmente, debería convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera antes del 12 de mayo. Si no fuera posible, el presidente trataría de llevar al Congreso algún principio de acuerdo político.
La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega rechazó ayer que el Ejecutivo haya entrado en contradicciones, en alusión a la cifra que maneja el vicepresidente de Cooperación Territorial, Manuel Chaves, quien ha considerado "insuficiente" que el Gobierno aporte 8.000 millones de euros adicionales al sistema, mientras que la vicepresidenta económica, Elena Salgado, la ve suficiente para cubrir las necesidades de las autonomías si se distribuye correctamente.
De la Vega demostró que el Gobierno ha interiorizado, aunque todavía sin dar una respuesta satisfactoria, las tesis que defiende el consejero catalán Antoni Castells. "Lo que hay que fijar es el modelo y, a partir del cierre, se derivarán unas determinadas cantidades", aseguró. Y el modelo, por el momento, sigue lejos del que se diseñó en el Estatut, aunque se pretenda cerrar en dos semanas.
CRITICAS DEL PP Salgado fue ayer blanco de las críticas del portavoz adjunto del PP en el Congreso, Santiago Cervera, que dijo que la vicepresidenta no es ninguna garantía de lograr un nuevo modelo de financiación. Cervera hizo estas declaraciones, informa Efe, después de que el Tribunal Supremo confirmara la sentencia de la Audiencia Nacional, que estimó un recurso de las comunidades del PP ante la "inactividad" de Salgado por no convocar un Consejo Interterritorial de Salud en el 2004, cuando era ministra de Sanidad. El diputado acusó a Salgado de haber practicado "una política excluyente, despreciando el papel que tienen las comunidades autónomas en la articulación de políticas estatales".
