Alrededor de 1.500 transportistas extremeños han fijado su sede fiscal en Portugal, según las estimaciones que maneja la Consejería de Transportes basándose en los datos de las asociaciones regionales del sector. La Junta ya ha sancionado a 25 autónomos de la región por llevar a cabo esta práctica fraudulenta que les permite competir con ventaja en España, puesto que en el país vecino los requisitos que se les exigen son casi inexistentes y la carga fiscal que soportan es mucho más baja.
El consejero de Transportes, Javier Corominas, avanzó ayer que este jueves se celebrará en Piornal una cumbre en la que participarán los responsables autonómicos del sector y representantes de Fomento. En esta reunión, que se desarrolla a petición de Extremadura, se abordará esta problemática, que afecta especialmente a Extremadura, Galicia y Andalucía.
Además, en este encuentro la Junta solicitará al Gobierno que en su próxima cumbre con Portugal se afronte este éxodo de transportistas, de forma que se inste al país luso a que iguale los requisitos para conseguir las tarjetas europeas de transportes.
SISTEMAS DE INSPECCION
Por otra parte, el Gobierno regional aprovechará para presentar al resto de las regiones que sufren este problema un nuevo sistema de inspecciones que es el que ha posibilitado las 25 sanciones impuestas hasta el momento. Se trata, según el director general de Transportes, Félix Herrera, de realizar los controles en los cargadores y no en carretera, puesto que así es más fácil demostrar que no hay ninguna conexión entre el transportista y la empresa lusa a la que presuntamente representa en España.
Este problema surgió tras la liberalización del sector en 1998. En esa fecha autónomos extremeños acudieron al mercado negro de Portugal, donde compraron tarjetas de transportes. Este caso, desvelado en 1999 por EL PERIODICO EXTREMADURA, está siendo investigado también por la Comisión Europea.
