Los opositores de cinco especialidades de la convocatoria de Secundaria tendrán que volver a examinarse. Son 151 aspirantes de distintas materias de Formación Profesional los que tendrán que pasar de nuevo por el aula para repetir, al menos, una parte del examen del primer bloque que se celebró el pasado 23 de junio, después de que se haya verificado que el tribunal no garantizó el anonimato, una de las normas básicas los procesos selectivos. Los afectados pertenecen a las especialidades de Mantenimiento de vehículos (44); Producción en Artes Gráficas (12); Asesoría y Procesos de Imagen Personal (13); Hostelería y Turismo (61); y Sistemas Electrotécnicos y Automáticos (21), según confirman fuentes de la Consejería de Educación.

Fue precisamente a raíz de una denuncia referida a la especialidad de Mantenimiento de Vehículos como se detectó le problema. El martes se comprobó que uno de los tribunales no había acatado la orden de la convocatoria para garantizar el anonimato de los aspirantes en aquellas las pruebas escritas que no requieran lectura pública. En este caso, el fallo se había producido en la primera de las dos partes de la prueba práctica, donde los aspirantes habían firmado aportando nombre y DNI.

A raíz de eso, se contactó con todos los tribunales para comprobar si se había producido algún otro problema y solventarlo antes de que se pudieran producir impugnaciones. Así se detectó que había otras cuatro especialidades en las que tampoco se había garantizado el anonimato, y se optó igualmente por repetir la prueba o la parte de la prueba afectada.

LA SOMBRA DE LA EBAU/ En total son cinco especialidades de Formación Profesional las afectadas por lo que muchos ya calificaban ayer como una nueva EBAU, en referencia a los problemas que obligaron a repetir varios exámenes de la pasada convocatoria de la antigua selectividad. Entonces el fallo estuvo en la custodia de los exámenes, una cuestión que sin embargo se había convertido en una obsesión para la administración en el caso de esta convocatoria de oposiciones, como reconocían ayer. El problema ahora ha estado en la interpretación errónea que siete de los 174 tribunales que integraban la convocatoria han hecho de las instrucciones dadas por la Consejería de Educación.

Las nuevas pruebas se realizarán partir del lunes en el caso de Mantenimiento de Vehículos y del martes para el resto de especialidades. La razón es que la convocatoria establece que se debe respetar un plazo de 72 horas desde que se comunica a los aspirantes la repetición de la prueba y esta se lleva a efecto. En el caso de Mantenimiento de Vehículos ya se contactó con ellos el miércoles por la tarde, mientras que para el resto de especialidades afectadas no se les comunicó hasta ayer.

La de ayer fue una jornada de nervios. Era la fecha designada para que se diera a conocer la nota del segundo bloque para los aspirantes que habían superado el primero y desde primera hora de la mañana comenzó a extenderse el rumor de que varias de las especialidades tendrían que repetirse. De hecho, una vez que se publicaron las notas y los baremos de méritos provisionales (con los que los aspirantes pueden ya saber si optarán o no a alguna de las más de 1.200 plazas), se confirmó que entre ellas faltaban las calificaciones de las cinco especialidades en las que habrá que realizar el examen de nuevo.

Tanto la Consejería de Educación como los sindicatos coincidieron en que la repetición de la prueba era «la mejor opción posible». «No ha habido ninguna impugnación. Se ha detectado un error de procedimiento y se ha subsanado para dar las máximas garantías del proceso», señalaron en la consejería..

VALORACIONES/ Desde el sindicato PIDE matizaron, eso sí, que «la mejor opción posible es que se hubieran dado unas instrucciones claras y que los coordinadores hubieran hecho su trabajo. Pero si me das a elegir entre que ahora se repita una parte del práctico, o que dentro de tres o cuatro años le quitemos las plazas a unas personas para dárselas a otras por este problema, prefiero que se repita el examen, y que la administración asuma los errores que ha cometido», afirmó José Manuel Chapado, que criticó la falta de información por parte de la administración en el proceso.

También desde CSIF, Mercedes Barrado apeló a la importancia de que el proceso «tenga las mayores garantías posibles para los opositores. Y ahora estamos a tiempo de solucionar el problema antes de que pueda sobrevenir en unos meses ese problema con un dictamen judicial», dijo.

El responsable de Educación de CCOO, Francisco Manuel Jiménez, afirmó que «habrá que buscar una solución adecuada para que este tipo de situaciones no se vuelvan a producir, pero ahora esta era la única opción posible, una vez que se había roto la confidencialidad».

Por su parte desde ANPE, Antonio Vera, recordó que «el problema ha sido de forma, no de fondo, por lo que confiamos en la imparcialidad de los tribunales. Pero para dar garantías al proceso, compartimos que deba repetirse». Asímismo apeló a la necesidad de que se modifique el ingreso y el acceso al cuerpo de funcionarios docentes, «a través de una Ley de la Profesión Docente y de acceso al cuerpo de funcionarios».

Desde la Secretaría General de Enseñanza de UGT, Eva González aseveró que esta era «la solución menos mala posible, y la mejor para evitar que en el futuro se puedan impugnar las oposiciones».