Más de 3.000 explotaciones ganaderas han cerrado en Extremadura en el último año por falta de rentabilidad debido a que los costes de producción superan a lo que cobran por sus productos. La culpa es de la Junta, el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, y de la Unión Europea. Así lo denunciaron ayer las organizaciones profesionales agrarias y Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura, que presentarán la próxima semana al consejero de Agricultura, Juan María Vázquez, una batería de medidas para paliar la crisis del sector ganadero, y solicitarán a instancias superiores la regulación del mercado para frenar la volatilidad de los precios. Eso ha provocado que la situación de los ganaderos extremeños sea "insostenible", insisten, una crisis que se ve agravada por el hecho de que el Gobierno extremeño debe al sector "más de 132 millones de euros" en concepto de ayudas agroambientales, planes de mejora y la incorporación de jóvenes al campo, entre otros aspectos.

Para explicar esa pérdida de dinero, el presidente de Apag Extremadura Asaja, Bibiano Serrano, puso un ejemplo. Tras la cría y venta de cochinos el productor "todavía debe arrimar de gastos entre 100 y 150 euros por cada ejemplar", y de 30 y 40 en el caso de los corderos.

Para intentar salvar al sector, las Opas y cooperativas han elaborado un documento común con medidas destinadas a la Junta, al ministerio y a la UE. Entre las que afectan al Ejecutivo regional, destacan la liquidación de las ayudas pendientes de pago de las campañas 2010 y anteriores, y la exención del IBI para las explotaciones ganaderas y la eliminación de tasas administrativas. Respecto a las de carácter nacional, plantean la refinanciación de los préstamos ganaderos y la apertura de una línea de crédito preferencial de campaña para la adquisición de pienso, entre otras propuestas. En relación a la UE, el problema fundamental, señalan, es la intrusión de países extracomunitarios, con los que es "imposible" competir en precios. Y es que mientras que aquí se paga entre 50 y 60 euros diarios a un jornalero, en países del Mercosur se puede tener a una familia entera durante un mes trabajando por 120. Por ello, urgen medidas para regular el mercado, e incluso intervenirlo si fuera necesario.

El propio Serrano; su colega de Coag, Juan Moreno; el secretario de ganadería de UPA-UCE, Antonio Prieto; y la gerente de Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura, Carmen Moreno, dicen que están dispuestos a llegar a acuerdos, "pero queremos soluciones", y reclaman a los responsables políticos que "dejen de tirar balones fuera".