Más de 31.000 empleados de la Junta de Extremadura cuyo puesto de trabajo implica un contacto habitual con menores de edad tendrán que presentar un certificado del Registro Central de Delincuentes Sexuales que acredite que no tienen antecedentes por haber cometido alguna infracción de esta índole. De ellos, unos 21.000 trabajan para la Consejería de Educación y Empleo y más de 10.000 en la de Sanidad y Políticas Sociales, de acuerdo a las estimaciones facilitadas ayer por ambos departamentos. De esta cifra quedan fuera los empleados pertenecientes a otros niveles administrativos --el municipal o el estatal-- o los de entidades privadas y oenegés que, por las ocupaciones que desempeñan, también están obligados a presentar una certificación negativa.
A mediados de diciembre pasado el Gobierno aprobó el real decreto por el que se creó el Registro Central de Delincuentes Sexuales, que ha comenzado a funcionar a inicios de este mes. En él aparecen todos aquellos que tengan antecedentes por delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, así como por trata de seres humanos con fines de explotación sexual, incluyendo la pornografía, independientemente de la edad de la víctima o del condenado. El objetivo es que quienes figuren en él no puedan tener acceso o seguir ejerciendo profesiones o actividades, ya sean remuneradas o no, que impliquen un contacto habitual con menores de edad y proteger a estos de pederastas o de agresores sexuales.
En el sistema se incluyen los datos identificativos de los condenados, y también el código identificador de su perfil genético (ADN) cuando así lo establezca una resolución judicial. No se incluirán datos de las víctimas --únicamente si esta es menor se hará mención a ello-- y podrán tener acceso directo a él solo los jueces y tribunales, el Ministerio Fiscal o la Policía Judicial. Además, siempre quedará constancia de la identidad de la persona que accede y de qué datos han sido consultados.
En el ámbito educativo, la normativa afectará no solo a profesores, también a otros puestos no docentes como conserjes o monitores de autobús escolar y de comedor. Desde la Consejería de Educación y Empleo se detalló ayer que la normativa será de aplicación "a todo el personal docente, funcionario o laboral, al personal adscrito a las actividades formativas complementarias, al personal de administración y servicios en centros educativos, así como a todo aquel que desempeñe oficios o ejerza funciones asistenciales o de cuidados en dichos centros y en las escuelas infantiles, personal de centros deportivos y cualquier otro que, por el desempeño de sus funciones, tenga contacto habitual con menores".
En el caso de la Consejería de Sanidad, más de 10.000 trabajadores del Servicio Extremeño de Salud --médicos y personal sanitario-- tendrán que cumplir con el trámite. También más de doscientos trabajadores de los centros de menores --tanto educadores como el resto de personal-- y una treintena de empleados de los Centros de Atención a la Discapacidad en Extremadura (Cadex), ubicados en Cáceres y Badajoz y que están gestionados de forma directa por el Sepad.
FORMAS DE SOLICITARLO El certificado tiene un carácter gratuito y puede ser solicitado bien por los propios interesados --de forma presencial o telemática-- bien por el empleador, aunque en este caso siempre debe haber un consentimiento previo del afectado. "Con el fin de agilizar la contestación por parte del registro, se propiciará en todo lo posible que los empleados públicos autoricen a la consejería para que, por parte de los funcionarios previamente habilitados, se pueda realizar la consulta y obtener el resultado en tiempo real", se precisó ayer desde la Consejería de Educación. Algo que, se añadió, será particularmente importante cuando se trate del acceso temporal a puestos públicos, "ya sean de personal docente, o de personal no docente, y que se caracterizan por la inmediatez del nombramiento o de la contratación". En este sentido, cualquier persona que vaya a acceder a partir de ahora a un trabajo de este tipo, aunque sea de forma temporal --una sustitución de un profesor, por ejemplo-- tendrá que presentar el certificado negativo o la autorización que faculta a la Junta a solicitarlo.
Educación espera que en el plazo de un mes todo el personal que en la actualidad está prestando servicios y que se halle afectado por esta normativa acredite su falta de antecedentes o haya autorizado expresamente a la Junta a solicitarla ante la dirección del centro educativo. El límite que, en principio, se contempla para haber finalizado todo el proceso es el del 15 de abril. "Para todo ello esta consejería está elaborando una instrucción que, próximamente, se dirigirá a todos los órganos y centros de la consejería afectados", se apuntó.
