Las cinco comunidades autónomas con municipios que son candidatos a albergar el ATC (Almacén Temporal Centralizado de residuos radiactivos) han expresado ya su rechazo. La Asamblea de Extremadura manifestó el pasado jueves su oposición a esta instalación y, así, se sumó a las Cortes de Castilla y León, de Castilla-La Mancha, al Parlamento de Cataluña, que se pronunció en 2008 y que refrendó José Montilla el 25 de enero de este año, y a las Cortes Valencianas, en 2006, según el balance realizado por Greenpeace.
En este sentido, Carlos Bravo, responsable de la campaña Nuclear de Greenpeace, matiza que "todas las comunidades autónomas en las que se encuentran los municipios que han presentado su candidatura al Ministerio de Industria han mostrado su rechazo a albergar esta instalación, en la que se encontrarían todos los residuos radiactivos de alta actividad de todas las centrales nucleares españolas". Este no unánime de los cinco gobiernos junto al rechazo social demuestran, según la organización conservacionista, que el proyecto del ministro Miguel Sebastián de construir un cementerio nuclear centralizado "se puede ya considerar como un fracaso".
Por ello, Carlos Bravo solicita al Gobierno central "que paralice este proceso, que se ha caracterizado por su falta de transparencia, por haber evitado la participación pública, por la actuación a espaldas de los ciudadanos o por la búsqueda negociada en secreto de candidatos".
Además, el responsable de Greenpeace añade que "si el Gobierno quiere resolver el problema de los residuos radiactivos y cerrar de una vez el debate nuclear, tendrá que poner sobre la mesa un buen plan de cierre de las centrales nucleares, paso necesario para poder avanzar hacia un modelo energético sostenible. Sólo así conseguirá paz social al respecto".
