No representan un alto porcentaje si se compara con el cómputo total, pero son 66 familias (56 de Badajoz y 10 de Cáceres) que pudieron acceder como propietarias a una vivienda del Plan Especial de 60.000 euros de la Junta pero que posteriormente y debido a las dificultades económicas, tuvieron que abandonarla. La pérdida de empleo o la acusada bajada de salarios motivó que no pudieran hacer frente a la hipoteca y se vieran obligados, en la mayoría de los casos a poner en venta su hogar.

Una de las claves de este programa de protección es que no permitía a los recién propietarios vender el piso para evitar así alimentar la especulación. Pero desde la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales explican que, presentada la documentación correspondiente, es posible efectuar la reventa. Certificado de desempleo, de descubiertos bancarios, documentos que acrediten la insuficiencia de ingresos o la ejecución hipotecarias son algunos de los papeles considerados pruebas evidentes por parte de la Administración regional para autorizar la operación.

Las llamadas viviendas de 60.000 terminaron costando más de 70.000 con la subida del IPC y posteriormente, con la crisis, las que aún no se habían vendido fueron adquiridas por 50.000, lo que provocó el malestar de los primeros compradores.