Menos de un 10% de los hogares beneficiarios del bono social eléctrico en la región están acogidos ya al nuevo sistema de protección para los consumidores más vulnerables, según los datos facilitados por Endesa e Iberdrola, las dos compañías que concentran el grueso del mercado eléctrico extremeño. El próximo 10 de abril expira el plazo dado por el Ministerio de Energía para que los consumidores que han percibido esta bonificación con el anterior modelo puedan solicitar su renovación bajo los nuevos requisitos. A partir de ese momento, quien no haya gestionado el cambio dejará de tener un 25% de descuento en el recibo de la luz hasta que realice los trámites necesarios.
Para Roberto Serrano, director provincial en Badajoz de la Unión de Consumidores de Extremadura (UCEX), «la inmensa mayoría» de quienes hoy son beneficiarios del bono social no saben que tienen que efectuar esta solicitud, lo que se va a traducir en que a partir del mes de abril «a mucha gente les va a subir un 25% el precio de la luz». Serrano incide en que se trata de colectivos que tienen «a menudo una especial dificultad para acceder a la información». Y si bien las eléctricas han remitido a sus clientes una carta junto con la factura informando de la modificación de la normativa, a menudo «pueden no entenderla o no hacerle caso». En su opinión, deberían haber sido el Gobierno y las compañías eléctricas las que se hubiesen encargado de hacer el trámite. «Las administraciones públicas saben quiénes son los pensionistas con prestaciones no contributivas, por ejemplo. Todos ellos deberían haber pasado al nuevo sistema de forma automática», añade. «Nos estamos empezando a acostumbrar a que los beneficios económicos que tiene cualquier tipo de suministro tengan que ser solicitados por el propio cliente, cuando deberían ser lo más automáticos posible, porque las administraciones públicas tienen medios para ello», lamenta.
Con el anterior sistema, uno de los criterios para beneficiarse del bono social era el de tener una potencia contratada no superior a los 3 kilovatios. Este era el supuesto que concentraba el mayor grueso de los clientes que disfrutaban de él (tres cuartas partes en la región) y para ellos el descuento se aplicaba de forma automática.
NUEVOS CRITERIOS / Ahora, además de tener que ser cliente de la tarifa regulada (PVPC) el Ministerio de Energía ha introducido diversos criterios para tener el bono social referidos a la renta, miembros de la unidad familiar o pertenencia a colectivos de especial protección (discapacitados, víctimas de violencia de género y del terrorismo). De igual forma, se han fijado tres categorías de usuarios según sus circunstancias, con distintos descuentos y condiciones de suspensión del suministro: consumidor vulnerable (rebaja del 25% tanto en el término fijo —la potencia contratada— como en el variable —energía consumida—), vulnerable severo (con una bonificación del 40%) y consumidor en riesgo de exclusión social (100%).
En el caso de Endesa, al cierre de febrero 1.516 de sus clientes se habían acogido al nuevo bono social en la región (788 de ellos con la condición de vulnerables severos). La cifra supone algo más de un 5% de los usuarios que tenía con bono social antes de la entrada en vigor del cambio (29.452), si bien durante el pasado mes se aceleró considerablemente el ritmo de inscripciones, ya que enero acabó únicamente con 402 inscritos.
Desde esta compañía se señala que se están manteniendo reuniones y organizando jornadas informativas con ayuntamientos, administraciones autonómicas y oenegés para difundir y explicar el nuevo bono social. «Estamos haciendo un esfuerzo para que sepan cómo funciona y puedan asesorar correctamente», afirma Julio Moratalla, director de Atención al Cliente de Endesa en Andalucía y Extremadura. «Teniendo derecho a él es una pena que muchos no lo estén solicitando», añade Moratalla, quien, no obstante, valora positivamente el cambio de modelo. «Esta nueva fórmula se aproxima más a lo que debe ser, porque está considerando criterios de renta. Creo que va mejor encaminado hacia las personas y familias que realmente lo necesitan», arguye. Considera, eso sí, que en el límite de consumo «se han quedado cortos. De hecho, en algunas comunidades autónomas hay leyes de mínimos vitales que establecen consumos por encima de lo que ha puesto el ministerio».
Por lo que respecta a Iberdrola, conforme a los datos facilitados por esta compañía, en Extremadura ha recibido 9.500 solicitudes. De ellas ha respondido a 5.571 y de estas, 4.826 (un 87%) han sido tramitadas positivamente. De las 745 restantes, 434 están incompletas y 311 han sido denegadas por no cumplir con los criterios establecidos. Al finales del 2016, esta comercializadora contaba con más de 47.000 clientes con bono social en la región.
Iberdrola, junto con la Diputación Provincial de Cáceres, organizaron ayer una jornada informativa en el complejo cultural San Francisco de la capital cacereña para exponer las novedades del bono social eléctrico con el fin de facilitar asesoramiento a las entidades de información al consumidor y a los servicios sociales de la Administración Pública.
