La pobreza energética es una realidad dramática que desemboca en situaciones como la de hace un mes en Cataluña, donde una anciana falleció en el incendio originado en su casa por la vela que la iluminaba tras haberle cortado la luz. «La pobreza energética es algo reciente, que ha surgido con el incremento del precio de la energía en los últimos años y que se ha agravado por la coincidencia con la crisis», resume José Luis López Perera, director de Cáritas Diocesana Coria Cáceres, uno de los colectivos volcados en ayudar a familias vulnerables.

Los datos evidencian el problema. En Extremadura hay 92.000 personas, un 9,2% de la población, que no pueden permitirse mantener la vivienda a una temperatura adecuada o que no pueden hacer frente al pago de sus facturas de suministros de energía, según la última encuesta de condiciones de vida publicada este año por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esa circunstancia, la capacidad o no de mantener la vivienda a una temperatura adecuada (entre 18 y 21 grados) o el hecho de que una familia se vea obligada a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar la factura energética de la vivienda es lo que se ha calificado pobreza energética, según la definición de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA).

Los datos del INE indican además que la cifra en la región está un punto por debajo de la media nacional (1,6%) y se ha incrementado levemente en los dos últimos años, aunque por debajo del pico que se alcanzó en 2010, cuando según el INE había 160.000 personas que no podían hacer frente a sus facturas.

«De 2008 a 2011 fueron los peores años de la crisis y en los que más demanda de ayuda de este tipo comenzamos a recibir» dice José Aurelio González Peinado, coordinador de Cruz Roja en Extremadura. De ahí que activaran un plan concreto aún en vigor.

LAS AYUDAS/ La gravedad del problema ha motivado además que, junto a las medidas que desde hace años implementan organizaciones como Cáritas o Cruz Roja para atender a las familias con menos recursos, las distintas Administraciones se hayan puesto en marcha. En Extremadura, la Junta aprobó en el 2015 el primer decreto de mínimos vitales para ayudar a las familias que no pueden hacer frente al pago de suministros por falta de recursos y ya se está trabajando en el paquete de ayudas para el próximo invierno. Junto a la actuación del Ejecutivo autonómico, hay ayuntamientos que también gestionan ayudas propias: Badajoz tiene una tarifa social para la factura del agua a través de la concesionaria Aqualia y Cáceres tiene una partida de su presupuesto destinada al pagar facturas de familias sin recursos. Y paralelamente a todo eso, en la última semana el pleno del Congreso ha aprobado una moción de Unidos Podemos transaccionada por PSOE y Ciudadanos para actuar ante la pobreza energética, instando al Gobierno a trabajar para evitar cortes.

La Junta aprobó en 2015 el primer decreto de mínimos vitales, con un presupuesto inicial de 5 millones que se entregarían a los ayuntamientos en cuantías de 5.000 a 250.000 euros en función de la población. Más de 300 consistorios solicitaron adherirse a la convocatoria para los años 2015 y 2016 y finalmente se concedieron ayudas por 3,4 millones, aunque de esa cantidad se ha pagado 1,2 millones hasta el momento (los pagos se van produciendo a medida que los ayuntamientos van justificando gastos) y de esa cifra se han justificado por parte de las Administraciones locales hasta ahora 125.000 euros. En todo caso, no todos los consistorios que solicitaron la ayuda finalmente la utilizaron. Hubo casi 40 que renunciaron a la subvención o la devolvieron y 261 están en periodo de ejecución de la subvención y deben justificar lo percibido.

Para Cáritas diocesana Coria-Cáceres con el invierto emerge elproblema y este es el primer año que está registrando los datos de ayudas concedidas, «para prevenir y para saber cómo gestionar», puntualiza López Perera. De enero a octubre han destinado más de 20.000 euros a facturas de suministros de familias vulnerables y de ellos la mayor parte fueron a electricidad: 16.700 euros para 334 ayudas para electricidad y 1.656 euros para otras 59 facturas de gas. El importe medio es de 50 euros en el caso de las facturas eláctricas y 28 en gas. «La mayoría son familias con parados de larga duración, de más de 50 años, que han agotado todas las prestaciones y que no tienen ningún ingreso», explica el director de Cáritas en Cáceres. Y algunos son la cara oculta del problema «porque no piden ayuda hasta que no pueden más», dice. Principalmente por vergüenza.

Junto a la ayuda directa, la organización ha suscrito además un convenio con la empresa Iberdrola para problemas puntuales de pago. «Si nos llega un caso de ese tipo (aún no lo han utilizado) nos pondremos en contacto con la empresa para solicitar aplazar el pago o bien adelantarlo nosotros con el compromiso de pago de los afectados», añade.

muchas dificultades/ En Extremadura, el 18,9% de los hogares tienen muchas dificultades para llegar a fin de mes según la última encuesta de condiciones de vida del INE realizada en el año 2015. Supone un punto menos que el año anterior aunque es el tercer valor más alto de la última década tras los años 2013 y 2014. La cifra en todo caso supone una mejora en la perspectiva general puesto que la tasa de hogares que tiene muchos problemas para llegar a fin de mes se ha reducido, aunque duplique los datos que había nueve años antes según el INE.

«En el problema de la pobreza energética se unieron varios factores, entre ellos la reducción de ingresos en los hogares, el encarecimiento del precio de la energía, la antigüedad del parque de viviendas y la disminución de las ayudas», recuerda José Aurelio González, de Cruz Roja. En la encuesta que su oenegé realiza entre las familias a las que atienden, un 41% de las familias manifestaron que se enfrentan a pobreza energética cuando llega el invierno. El colectivo trabaja este problema a través de un plan integral que atiende de forma generalizada a personas en situación de extrema vulnerabilidad: en total hay 9.000 familias que reciben algún tipo de ayuda.

En el caso concreto de la pobreza energética, Cruz Roja ha ayudado en el último año a 362 familias a pagar facturas de suministros (electricidad, luz y agua), lo que es casi tres veces menos que las 900 familias que el año pasado recibieron prestaciones económicas por el mismo motivo. «En noviembre se han incrementado un 3% las demandas de ayuda en general, aunque en el caso de la pobreza energética se ha reducido ligeramente este año», dice el coordinador regional y recuerda que, junto al drama social, la pobreza energética agrava además problemas de salud y puede provocar un incremento de la mortalidad por enfermedades cardiovasculares en mayores.

El informe de 2016 de la Asociación de Ciencias Ambientales sobre pobreza energética señala que en Extremadura hay cada año 200 muertes prematuras asociadas a la pobreza energética.