Iberdrola, Endesa y Naturgy, las tres propietarias de Almaraz, por fin han logrado un acuerdo para el futuro de la central nuclear. Según la hoja de ruta acordada, el reactor I se parará el 1 de noviembre de 2027, mientras que el segundo lo hará el 31 de octubre de 2028. En concreto, supone que los dueños de la infraestructura cacereña pedirán 7,4 años de prórroga, a contar desde la fecha de abril de 2020 en que expira la licencia para el primer reactor; y 8,3 años para el segundo. Se garantizan así 25 años de actividad económica y empleo, ya que además de la prolongación de la vida útil, estará el periodo de trabajos de predesmantelamiento y desmantelamiento.
El pacto, cerrado en la madrugada del viernes y ratificado posteriormente, supone garantizar el protocolo que las tres compañías y EDP habían rubricado con Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos) para la continuidad de todo el parque nuclear español y su cierre ordenado entre 2025 y 2035.
La clave principal para haber conseguido aunar posturas se basa en contemplar unas inversiones (principalmente en materia de seguridad) de 400 millones de euros, con la posibilidad de crecer hasta el 50% y llegar hasta los 605 millones de máximo. El acuerdo recoge que si se dieran las circunstancias de ampliar esa cuantía porque así lo estableciera el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), las tres propietarias deben volver a sentarse a negociar.
Tal y como destacaron ayer desde Iberdrola, la prórroga se lleva a cabo «bajo un marco de viabilidad económica razonable y con los más altos estándares de seguridad y fiabilidad».
EL ENQUISTAMIENTO / La situación entre las compañías se había encallado después de que Endesa (dueña del 36% de Almaraz) no aceptara la imposición de condiciones por parte de Iberdrola (53%) y Naturgy (11%) no recogidas en el protocolo. Endesa incluso llegó a ofrecer comprar su parte a las otras dos implicadas, dentro de la intensa negociación, para poder seguir explotando la planta en solitario.
El 31 de marzo era la fecha límite para tomar la decisión de pedir la renovación para la central, cuyo permiso de conexión caduca en abril de 2020, bajo la amenaza para los propietarios de enfrentarse a una sanción.
Desde la propia dirección de la planta, comunicaron ayer que «la Revisión Periódica de Seguridad (RPS) ponen de manifiesto el buen estado de la planta desde el punto de vista de seguridad para afrontar este nuevo periodo de explotación».
«CON UN SABOR AGRIDULCE» / Para los trabajadores de la central, el acuerdo deja un «sabor agridulce». Por un parte subrayaron que temían llegar al día 31 de marzo sin un acuerdo, «de ahí que resulte importantísimo»; por otra, consideraron: «Tiene una vertiente negativa, ya que la duración del permiso no cumple con las expectativas, que era de un mínimo de 10 años», según manifestó el presidente del comité de empresa, César Vizcaíno.
