El caso lo abrió Hacienda al detectar en el 2002 una trama de empresas informáticas que actuaba ficticiamente en España y Portugal emitiendo facturas falsas con IVA, hasta defraudar unos 45 millones de euros entre 1997 y 2001.
El fiscal pide en sus conclusiones provisionales 36 años de prisión y más de 300 millones de euros en multas (Ver EL PERIODICO del pasado 8 de julio). Los acusados son: Juan Díaz García, Andrés Cano Rodríguez, Juan José López Asensio, Juan Delgado Pulgar, Luis Parra Pérez, Gabriel Manuel Sicilia, Vicente Espejo Fernández, Joaquín Tafur Fernández, y Natalia Soldevilla.
