La Consejería de Sanidad y los colegios oficiales de médicos en Cáceres y Badajoz solicitaron el pasado mes de febrero al Gobierno que se considere como delito las agresiones físicas y verbales al personal sanitario, así como que se resuelvan mediante el procedimiento de juicios rápidos los casos denunciados. Las tres partes se reunieron con el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Aurelio Blanco, quien se comprometió a trasladar a las autoridades judiciales las propuestas del sector para acabar con la violencia contra los profesionales sanitarios.
La consideración de delito puede suponer que los agresores se enfrenten a penas de hasta cuatro años de cárcel. Entre las medidas solicitadas también se encontraba la aplicación de la Ley de Protección de Testigos para las personas que presencien los hechos.
