Solo entre enero y marzo, los inspectores de Trabajo han paralizado seis empresas en Extremadura, casi la mitad de las 16 a las que aplicaron esta medida el año pasado, por problemas relacionados con la seguridad y la salud. En total, han llevado a cabo 2.237 actuaciones por este motivo, que han desembocado en 201 infracciones por un importe de más de 347.000 euros.
Pero el apartado que más ingresos genera es el de los delitos relacionados con la Seguridad Social, de los que en el primer trimestre del año se han registrado 360, que se han traducido en sanciones con una cuantía superior al medio millón de euros.
